El portavoz del gobierno, Andrés Nevado, aseguró ayer que la decisión del pleno de la corporación de que se auditen facturas que por 3,3 millones tiene el ayuntamiento "es o puede ser un acuerdo contrario a la ley". El portavoz precisó que ésta es la información que "se nos facilita desde los órganos que nos asesoran --los servicios técnicos municipales--", y añadió que serán estos órganos los que dirán "cuándo, cómo y qué tipo de recurso" se interpondría contra el acuerdo.
El pleno de la corporación local aprobó el jueves con los 13 votos del PSOE, IU y el concejal no adscrito, Felipe Vela, la moción de urgencia que presentó el grupo socialista para que se realice una auditoría externa de las facturas que por importe de 3,3 millones de euros tiene pendiente de pago el consistorio, débito que se financia con el presupuesto del 2006. Son gastos, la mayoría del 2004, que se fueron realizando sin que se dispusiese de crédito en el presupuesto municipal correspondiente a la anualidad en la que se efectuaron.
El gobierno municipal del PP se opuso, con sus 12 votos, a la moción, y Nevado cuestionó que se pueda iniciar la contratación de la auditoría si está supeditada a un recurso. El portavoz apuntó que el acuerdo puede ser contrario a ley porque no está completo el expediente por el que se financia y se reconoce esa deuda. Entre las cuestiones a dilucidar, según se expuso en el pleno, está si el expediente lo debe aprobar el pleno, como interpreta la secretaría municipal, o tiene que ser por resolución de la alcaldía, como valora la Intervención.
Sobre el apoyo de Vela, que hasta hace un año estaba dentro del gobierno como concejal de Economía, a la moción, Nevado insistió en que el acta de concejal "no es suya, sino de los ciudadanos que votaron al PP", y dijo que se produce "fraude de ley a los ciudadanos" cuando la oposición aprovecha el voto de Vela para tomar acuerdos, "es posible democráticamente por el juego de las mayorías, pero se hace fraude al ciudadano", agregó.
Nevado detalló que en la carta de dimisión que le entregó Vela a finales del 2004 "no decía que dejaba el acta, y --el jueves-- dijo en el pleno que renunció a ella, la mentira tiene patas muy cortas, siento haberla roto, la rompí delante de él porque llegamos a un pacto de caballeros de que se quedaría hasta presentar el presupuesto --del 2005-- y que después tomaría una decisión".
CANCHO A Nevado se le preguntó por lo dicho por su compañero en el gobierno local, Manuel Rodríguez Cancho, que precisó ante el pleno que no iba a aprobar el reconocimiento de la deuda de 3,3 millones, salvo que la "transparencia y la luz lo corroboren", debido a que por coherencia votaría en contra de estos reconocimientos extrajudiciales porque es lo que el PP hace en la diputación, Cancho es diputado provincial, cuando el gobierno del PSOE los presenta.
El portavoz dijo que Cancho "tiene toda la confianza del partido y del grupo". "Lo que quiso decir --agregó-- es que aplicáramos la lógica, y muchas veces la lógica en política es una especie de entelequia, porque hay algo más por encima, que es la disciplina de grupo, y Manolo es una persona disciplinada". Nevado dijo que "lo que también trataba de decir Manolo" es que por esa lógica la diputada del PSOE, en alusión a María Fernanda Sánchez, edil socialista en el consistorio, que vota a favor de los reconocimientos extrajudiciales en la diputación, también debe hacerlo en el ayuntamiento.
HERAS, PAVON Y VELA El concejal no adscrito, Felipe Vela, indicó ayer que lo que tiene que hacer el gobierno es "explicar a los ciudadanos cómo se van a pagar esos 3,3 millones, que hay que pagarlos con intereses de demora". El edil aseguró que "se ha subvertido el principio legal de contratación y se ha contratado a dedo". "Si estos contratos --indicó-- eran por asuntos de emergencia, que se diga y qué cuestiones". Vela añadió que, como dijo en el pleno, presentó su dimisión en tres ocasiones, la primera, en octubre del 2004, con la renuncia a su acta de concejal, y que la carta a la que se refirió ayer Nevado fue la segunda que presentó, a finales del 2004, dejando el gobierno local en mayo del 2005 porque "se me prometen cosas --en relación a la disciplina y el control del gasto presupuestario-- que no se hacen".
La portavoz del PSOE, Carmen Heras, opinó ayer que el acuerdo del pleno "es válido" y que sería "curioso" que el alcalde recurriese "una decisión adoptada en un órgano presidido por él". Dijo que con la auditoría se persigue "que todo quede claro; y si todo es legal, los primeros interesados en que se haga es el gobierno".
El portavoz de IU, Santiago Pavón, precisó que el gobierno está en su derecho a estudiar un recurso, pero que esto no invalida la obligación de "rendir cuentas y explicaciones" de los gastos. Recordó que es una información que se viene pidiendo desde hace un año y que se debe explicar "qué se ha hecho y cómo".
