El PP ha pedido hoy responsabilidades a la Junta de Extremadura por la "aberración jurídica" que, a su juicio, supuso la revocación en su día de la declaración de Cáceres como zona de gran afluencia turística (ZGAT), una decisión que ha anulado el Tribunal Supremo (TS).
Así lo ha señalado hoy la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente.
El Tribunal Supremo ha anulado la revocación que ejecutó la Junta contra la declaración de Cáceres como zona de gran afluencia turística (ZGAT), que permitía la apertura de 16 domingos al año y que el Ayuntamiento cacereño decidió impugnar en los tribunales.
La decisión del Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara, que también afectó a los municipios de Mérida, Moraleja y Badajoz, anulaba la posibilidad de que los establecimientos comerciales cuya superficie sea mayor de 300 metros cuadrados pudieran abrir los seis días festivos adicionales (primeros domingos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre).
Teniente ha pedido hoy a la Junta "cordura" y que se dé seguridad jurídica a las empresas.
La dirigente popular ha señalado que esa sentencia judicial afecta a Cáceres pero espera que la resolución para la de Badajoz sea similar y dé, así, la razón al PP.
Ha explicado que el PP se ajustó a la normativa nacional y que aprobó que ambas ciudades, junto con Mérida y Moraleja, fueran ZGAT porque se daban las condiciones, en Badajoz por ser zona fronteriza y en Cáceres por ser Patrimonio de la Humanidad.
Ha agregado que la decisión del Gobierno regional anulaba la posibilidad de que los establecimientos comerciales cuya superficie sea mayor de 300 metros cuadrados pudieran abrir los seis días festivos adicionales (primeros domingos de febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre).
A su juicio, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, interpretó la Ley en función de sus intereses y para dar unas expectativas a los pequeños comerciantes para que, después de tres años, haya "un desaguisado" legislativo.
En este sentido, se ha cuestionado cuáles van a ser las consecuencias después de tres años y qué responsabilidades se van a asumir.
La portavoz popular ha declarado que se acusó al anterior Gobierno regional, el de José Antonio Monago, de querer perjudicar al comercio y que ahora, tras la revocación, su situación es peor en materia de empleo y de ventas.
Según Teniente, Extremadura no puede ser "una isla" rodeada de ventajas en cuanto a la apertura de horarios comerciales en Portugal, Madrid y Andalucia.
Por otro lado, ha explicado que en la Asamblea de Extremadura se tramita una iniciativa legislativa sobre las grandes instalaciones de ocio y que el PSOE ha presentado una enmienda en la que señala que tiene que haber libertad total de horario, tras lo que ha preguntado si lo saben los pequeños comerciantes.
