La secretaría general del ayuntamiento informó a la junta local de gobierno del contenido de una sentencia que, pese a no haberse aceptado la reclamación, ponía de manifiesto la situación que se puede dar en el consistorio con la aplicación de la nueva ley sobre el procedimiento administrativo, normativa que reduce los plazos para la resolución de los expedientes sancionadores, que pasaría a ser de tres meses. La secretaría advirtió de que este plazo sería insuficiente para una sección como la de Disciplina Urbanística dado el volumen de trabajo que tiene, a lo que se suma la amplitud del término municipal, lo que podría llevar a la caducidad de la mayoría de los expedientes que se tramitan.
El acuerdo de la junta local, sesión que celebró el pasado día 2, fue dirigirse a la Femp para que inste al Gobierno a que en el desarrollo de la nueva ley se fije un plazo mínimo de 12 meses para estos expedientes.
