El portavoz del grupo municipal socialista, Luis Salaya, y la concejala Belén Fernández denunciaron ayer que Adomi Sacor, la empresa que gestiona los apartamentos del campus, acumula suficientes infracciones para que el ayuntamiento actúe y abra un expediente. Salaya aseguró que «preocupa la pasividad del ayuntamiento» y que se trata de un asunto «feo y turbio, más turbio al ser Juan Saponi el administrador» de Adomi Sacor. Fernández recordó que se trata de infracciones «graves» y que además «es más grave porque el administrador es Juan Saponi y el contrato -por el que la empresa gestiona los apartamentos- se formalizó en la época en la que era alcalde su hermano José María Saponi -regidor del PP entre 1995 y 2007-».

El PSOE ha venido denunciando en los últimos meses irregularidades en relación con este contrato, que el ayuntamiento adjudicó en 2006 y que se firmó en 2007, como que se haya prorrogado sin que la empresa presentase el certificado de estar al corriente con la Seguridad Social. El último caso es la reclamación de 143.000 euros que hace la Uex por impagos del consumo eléctrico del periodo 2008-2015. La Uex ha iniciado un contencioso en la Audiencia Nacional en el que reclama esta cantidad al ayuntamiento por ser la administración que adjudicó el contrato de concesión de la gestión de los pisos. Fernández recordó que el rector alertó al ayuntamiento de la existencia de esta deuda en noviembre de 2015 y que pese a ello el ayuntamiento volvió a prorrogar el contrato a la empresa en 2016. Además criticó que la alcaldesa, Elena Nevado, hubiese afirmado que se había abierto un expediente a Adomi Sacor cuando en un escrito del servicio de Contratación del ayuntamiento se afirma que no hay ningún expediente.

Otra de las denuncias que expuso ayer el PSOE en relación con este contrato es que, según se detalla en el boletín oficial de la provincia, la empresa tenía deudas con el ayuntamiento. Fernández se refirió ayer a un débito por importe de 6.290 euros que aparece en uno de los boletines del año 2014. La ley de contratos del sector público y el reglamento que la desarrolla establecen que la empresa no podrá tener deudas de naturaleza tributaria con el órgano de contratación, además de tener que acreditar que se está al corriente de pago con la Seguridad Social.

Desde el gobierno local (PP) se respondió ayer al PSOE que en la actualidad, tras la reforma de la legislación en 2013, la gestión de los apartamentos del campus no es una competencia del ayuntamiento, por lo que «no cabe» que la Uex demande al consistorio el pago de la deuda. En su comunicado, el gobierno aseguró que la Uex «debería negociar» con Adomi Sacor y que el ayuntamiento «ya puso en contacto a la empresa y a la universidad para que buscaran las fórmulas de pago».

REUNIÓN / El gobierno añadió que es «incongruente que el PSOE hable de asuntos turbios» cuando Fernández participó invitada por Nevado «en una de las reuniones entre las distintas partes para que tuviera conocimiento de la situación de los apartamentos».

Juan Saponi explicó ayer que su empresa no está de acuerdo con la deuda que reclama la Uex porque las cantidades que se piden «no coinciden con las que tomábamos de los contadores». Añadió que no se presentaban las certificaciones de estar al corriente con la Seguridad Social porque «no se nos pedía por parte del ayuntamiento, ni con Elena Nevado, pero tampoco con Carmen Heras -alcaldesa del PSOE entre 2007 y 2011-», y subrayó que «nadie de mi familia ha puesto nada en mi empresa». Cuando la prórroga del contrato acabe este verano, Saponi aseguró que su empresa no seguirá ni volverá a concurrir.

Carlos Galán, director de la concesión, afirmó que se estuvo pagando el consumo eléctrico que pasaba la Uex hasta 2011, pese a que no cuadraba la cantidad que presentaba la universidad con los consumos que se registraban en los contadores que instalaron cuando se inició el contrato en 2007. A partir de 2011 se empezó a no pagar porque «la Uex no contestaba a nuestras reclamaciones, nos presentaban un certificado con la cantidad a pagar, pero no especificaban en base a qué». Galan aseguró que la intención de la empresa es abonar el débito, pero será «la cantidad que salga de la negociación y del acuerdo al que se llegue con la Uex», agregó. El director de la concesión de los apartamentos del campus aseguró ayer que la empresa no tiene deudas tributarias con el ayuntamiento y que cuando se ha ido renovando el contrato no se les pedía el certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social. Añadió que en el caso de que se hubiese solicitado y si en el momento de la renovación hubiese habido algún débito, se habría intentado abonarlo para que no hubiese deuda cuando se formalizase la prórroga. El contrato se firmó en 2007 por un periodo de cinco años y con la posibilidad de prorrogarlo durante cinco años más.