Ya está todo maduro". Así de concluyente se expresó ayer el alcalde de Cáceres, José María Saponi, para confirmar ante los medios de comunicación que no quedan prácticamente flecos que impidan aprobar inicialmente este mes la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pese a las reticencias en materia ambiental manifestadas por la Junta, los grupos ecologistas y el PSOE.

El alcalde defendió la legalidad ambiental de esta normativa que diseña el crecimiento urbanístico de la ciudad de los próximos 25 años y negó que parte del suelo previsto como urbanizable en el norte (área de Mejostilla) invada la zona protegida por la Unión Europea de Los Llanos de Cáceres, por lo que mantuvo su intención de llevarlo a pleno este mes.

Primero se necesitará el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo. El miércoles, día 28, se ha convocado la sesión extraordinaria de este órgano. El jueves 29 era el día que inicialmente se iba a celebrar el pleno para aprobar el nuevo PGOU.

El alcalde no reveló si se mantendría dicha fecha, aunque sí confió en que "la próxima semana se dictamine en comisión y que el pleno pueda ratificarlo este mes". Tras la aprobación, se abrirá el proceso de alegaciones y exposición pública.

ZONA PROTEGIDA En cuanto a la polémica sobre la supuesta invasión de espacios naturales, José María Saponi calificó de "falsas" las denuncias hechas por el PSOE cacereño, el presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda de la Junta, Javier Corominas, y organizaciones ecologistas, por este orden, sobre que este PGOU permitiría la edificación en terrenos de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Los Llanos.

Saponi incidió en que este plan se ha elaborado "siempre en conexión" y "de la mano" de la Junta de Extremadura. Tras la aprobación por el ayuntamiento, el PGOU debe remitirse al Ejecutivo regional, del que depende la competencia de la ordenación del territorio y el visto bueno definitivo de esta normativa local.

Por lo tanto, insistió en que el equipo que lo ha redactado "ha tenido numerosos contactos" con ténicos de Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura. La primera de esas reuniones fue, según dijo, el 30 de septiembre del 2003.

"El límite de la ZEPA --aseveró-- es el límite justo en el que termina la ciudad y ese es el límite que ha hado la Dirección General de Medio Ambiente", declaró. Así, consideró que lo que se diga al margen de esto no son más que "opiniones", incluidas las de los grupos ecologistas y que el alcalde se negó a valorar. Concluyó: "El plan puede tener cuestiones que puedan rectificarse pero nadie puede decir que se construye sobre ilegalidades".

FELIPE VELA Y CARMEN HERAS Esta última discrepancia tampoco ha supuesto inicialmente ningún cambio en el panorama político. El concejal independiente Felipe Vela, de cuyo voto depende la mayoría absoluta que necesita el PP para sacar adelante el proyecto, ratificó ayer su intención de votar a favor.

"No he supeditado mi voto a cuestiones técnicas que tienen que solucionar el ayuntamiento y la Junta", consideró el edil. Sí aclaró que "si hay que ajustar el plan para que se adecúe al límite de la ZEPA si no lo está actualmente, habrá que hacerlo en periodo de alegaciones".

El principal grupo de la oposición, el Partido Socialista, tampoco ha desvelado cuál será el sentido de su voto. Su portavoz, Carmen Heras, sólo adelantó ayer que votarán en contra o se abstendrán, pero " no podemos decir". Puntualizó que el PSOE no quiere parar el progreso de la ciudad, pero tampoco quiere respaldar algo que "está mal". Acusó al equipo del PP de "falta de cautela" y "competencia" al continuar el procedimiento de aprobación del PGOU sabiendo estos "problemas técnicos".