El alcalde de Cáceres, José María Saponi, apeló ayer a su trayectoria política para recordar que "nunca" ha mentido durante su gestión y que, por tanto, la operación Corte Inglés se ejecutará en base a la transparencia y a la legalidad urbanística vigentes. El mandatario municipal volvió a insistir en que la documentación relativa a este proyecto se actualizará y se remitirá a los portavoces de los grupos políticos municipales para que la estudien. Saponi recordó su interés en que esta iniciativa se apruebe por consenso y aseguró que pasará por pleno "en los términos adecuados y que proceden --sentenció-- a la legalidad".

Las manifestaciones de Saponi se producen un día después de que Carmen Heras dudara de la claridad del proceso. La portavoz municipal socialista advirtió del riesgo del "pelotazo" urbanístico que se corre con esta operación, tal como está planteada, y aseguró que "la sombra de Marbella es alargada y aquí no queremos trileros ". Heras insistió en que su grupo apuesta por El Corte Inglés, pero no en las condiciones que contempla la propuesta de convenio entre el ayuntamiento, la congregación religiosa de Las Carmelitas (que es la que vende los terrenos), El Corte Inglés y la empresa Estudios Urbanísticos y Medioambientales, que dirige el empresario Jesús Alarcón.

La polémica arrancó el pasado lunes cuando el alcalde dio a conocer en rueda de prensa que un informe jurídico dictado en torno a este asunto por la Agencia Extremeña de la Vivienda era favorable. La interpretación hecha en clave positiva del documento por Saponi no es la misma que efectuó el martes Carmen Heras, que asegura que las apreciaciones de la Junta ponen en duda aspectos del convenio y que las intenciones del ayuntamiento no se ajustan a la Ley del Suelo. En este sentido, recuerda que la Junta plantea reducir el número de pisos. El convenio propone que el ayuntamiento recalifique 12.000 metros cuadrados, que harían posible la construcción de un nuevo colegio para Las Carmelitas, levantar El Corte Inglés y hacer 10 plantas para viviendas (15.000 metros cuadrados), locales comerciales y oficinas (10.000 metros).

Pero las apreciaciones de la Junta, según Heras, no sólo se refieren al aprovechamiento de la edificabilidad que se haría del terreno sino a las compensaciones que se ofrecen al consistorio por ese incremento, en ese caso 2,5 millones de euros, y a los espacios de zonas verdes, que ahora no se contemplan.

LEGALIDAD Saponi, sin embargo, confirmó que el informe de la Junta no introducía grandes modificaciones a la reordenación de la parcela, pero que lógicamente se tendrían que hacer cambios. La intención del gobierno es aprobar en pleno una modificación puntual del Plan de Urbanismo en vigor para poder iniciar las obras el año que viene y no esperar a la aprobación de la revisión del PGOU, algo que dilataría el proyecto. Heras ya ha anunciado que su grupo no votará a favor hasta no conocer con detenimiento el proyecto.

Saponi garantizó ayer que la oposición tendrá esa documentación y fue taxativo al sostener que esta operación "es una de las más claras, más positivas y mejores para el diseño y el desarrollo económico de esta ciudad para el futuro, estemos o no estemos aquí". El alcalde pidió prudencia a Heras, a la que definió como "una lengua viperina" y de la que --dijo-- "está desajustada y busca protagonismo". El mandatario advirtió a Heras que "tenga mucho cuidado con lo que hace y con lo que dice. Que no busque protagonismo con la insidia y la calumnia porque se va a estrellar, que busque protección en otro sitio". En los mismos términos se expresó el portavoz adjunto Javier Castellano que no descartó medidas legales contra Heras si no rectifica.