La delegación del Gobierno en Extremadura se reunirá con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, para trasladarle la situación de la cárcel cacereña, la cual sufre un déficit de personal desde hace tiempo según denuncia el sindicato Acaip-Uso. El problema tiene que ver tanto con la falta de funcionarios como con la inminente vuelta de un centenar de presos que fueron reubicados hace meses al iniciarse unas obras en la prisión para la instalación de detectores de humo, cuya previsión es que finalicen a finales de este mes dando luz verde al regreso de los reclusos. Actualmente las obras se centran en los dos últimos departamentos que restan, el de ingresos y el de enfermería.

Este lunes, miembros del sindicato Acaip-Uso mantuvieron una reunión con la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, y el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Carlos Bote, en la que les solicitaron su intervención para aumentar la plantilla o retrasar la vuelta de los reos hasta la ampliación del número de empleados. La cárcel alberga actualmente a 440 presos cuando tiene capacidad para 301 y sufre un déficit de personal del 32% con 66 plazas sin cubrir. En la prisión existen 142 efectivos cuando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) contempla 208. De esos 142 empleados, solo 80 ejercen como funcionarios interiores (los que están en contacto con reos), ya que 34 de esos antiguos trabajadores han pasado a segunda actividad (otros siete harán lo propio en los próximos seis meses) y el resto ocupan puestos en otras áreas del centro como educadores, médicos…

En ese sentido, según pudo saber este diario, se baraja la posibilidad de que 12 nuevos funcionarios se incorporen al centro penitenciario próximamente y con respecto a la reapertura del módulo vacío ésta se podría retrasar hasta dos meses tras la finalización de las obras.