La Constitución Española se redactó bajo dos amenazas, la de la extrema derecha y la de los independentistas. La amenaza de involución se hacía patente en lo que por entonces se llamaba « ruido de sables» que atronaba algunos cuarteles. Paradójicamente fueron los propios golpistas quienes se encargaron de hacerla desaparecer con el fallido golpe de Tejero. Nadie sabía en aquellos momentos el respaldo que pudieran tener los separatistas, disfrazados oportunamente de nacionalistas, pero se les concedieron una serie de privilegios para que «no se suban al monte».

Así, en nombre de unos «derechos históricos» se restauran los fueros y el cupo, se inventa el término nacionalidad y se promulga una ley electoral que les concede una representatividad injustamente exagerada. Esa ley electoral es la que les ha permitido ser determinantes en la formación de gobiernos y por lo tanto la capacidad de exigir recompensas en forma de transferencias y beneficios económicos. Ahora sabemos que todo eso ha sido inútil. Ibarreche trató de subirse al monte y Puigdemont se ha subido. ¿Habrá algún legislador que reforme la Constitución y les retire los privilegios concedidos una vez que se ha comprobado su deslealtad? ¿Se atreverán a elaborar otra ley electoral que los ponga en el sitio que merecen? La situación actual pone de manifiesto la ingenuidad con la que actuaron los constitucionalistas pues no era una quimera pensar que los separatistas, por muy nacionalistas que se llamaran, no tienen más horizonte que la independencia. Y a pesar de ello los sucesivos gobiernos no han hecho otra cosa que replegar al estado en esas comunidades llegando incluso a transferir la policía autónoma que ahora sabemos que en caso de levantamiento armado optaría por la independencia y ha permitido una educación tan sesgada que promete un aumento del sentimiento independentista en poco tiempo. Algunos aseguran que recuperar competencias por parte del estado es un atraso pero la realidad es que aun con estas y las que puedan venir los separatistas no estarán conformes y los que no lo somos no las tenemos ni las necesitamos aunque algunos presidentes de comunidades tiendan a ser unos satrapillas.