Raúl Iglesias, director general de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres, se expresa con claridad: «En Extremadura llevamos mucho tiempo arrastrando un problema de desarrollo industrial íntimamente ligado al medio ambiente. No pocos proyectos se han topado con la imposibilidad de salir adelante por coincidir con una Zepa, un espacio protegido... Este hecho frena bastante nuestro progreso industrial, y eso es evidente, indiscutible», afirma.
Por ello, Raúl Iglesias considera que «una mina de litio supondría una buena oportunidad industrial. Se trata de un material que tiene múltiples aplicaciones tecnológicas en mercados tan importantes como el del automóvil y la telefonía móvil», advierte. «Otra cosa es que se vaya a causar un perjuicio irreparable al medio ambiente, en este caso habría que desistir del proyecto. Por ello, desde mi perspectiva personal, considero que hay que equilibrar los beneficios que generaría esta mina con los daños que pueda causar al entorno. Quizás en el caso de Cáceres no sea así, quizás la Montaña no se vea amenazada o la mina de litio pueda abrirse con limitaciones técnicas. Tendremos que esperar a ver los informes si finalmente se decide la explotación», matiza.
En cualquier caso, serán las administraciones quienes se pronuncien basándose en estudios profesionales. «Lo más importante es que se realicen informes serios, contrastados, profundamente técnicos, que evalúen con exactitud cuál es el impacto que va a tener el yacimiento en caso de que la empresa opte por seguir adelante. Yo creo que este asunto no es blanco ni negro, la base fundamental estaría en esos estudios previos, que determinarían los efectos de la mina de forma independiente», señala el director general de la Cámara. En este caso, afirma, no valen los informes de los ecologistas, «que siempre van a hablar de daños irreversibles», ni de los empresarios, «que siempre van a minimizar esos perjuicios».
En base a todo ello también se verá si la mina compensa o no a la ciudad, y en qué condiciones, «porque si va a venir una compañía extranjera, que por cierto ha adoptado un nombre que alude a Extremadura, y finalmente trae la mano de obra de fuera, tributa fuera, no deja beneficios y además provoca daño al entorno, no sería de recibo. Pero por encima de todo, siempre decidirá la Administración», sostiene Raúl Iglesias.
