Era la primera vez que acudían a un tribunal para que un juez les escuchara. Más de una veintena de empresarios con comercios en el eje comercial Moret, Pintores y San Antón y en la avenida de España reclamaron ayer en el Juzgado de lo Penal que se les indemnice por daños de los grafitis en sus fachadas y escaparates. Los hechos juzgados ayer se remontan a la madrugada del 27 de noviembre del año 2004. Dos jóvenes, Carlos Alberto P. D. y José Luis G. Ñ., entonces con 18 años y vecinos de Cáceres, fueron detenidos como supuestos autores del reguero de pintadas en más de una veintena de establecimientos. Responsables de supermercados, tiendas de ropa y de regalos, bancos o zapaterías testificaron ante el juez, impotentes ante los perjuicios que causan desde hace años los grafiteros en sus locales.

Aunque ambos acusados reconocieron ser solo los autores de unas pintadas en la joyería Jambor, en la avenida de España, tras ser identificados por las cámaras de seguridad de la tienda, el resto de los daños que se les imputan quedaron sin clarificar, ya que el juicio tuvo que ser suspendido al no comparecer uno de los policías locales que intervino en la operación. La abogada de los jóvenes defendió en el juicio la teoría de que las pintadas en el eje de Pintores habían sido realizados por otro grupo, al que no pertenecían sus clientes, ya que cuando se dio aviso a la policía local ambos se encontraban lejos de esa zona.

Sin embargo, uno de los agentes que les detuvo explicó que las firmas de los grafiteros coincidían en todos los establecimientos afectados, realizadas con los mismos colores y los nombres chechen y karls . La policía tiene registradas en un fichero las firmas e identidades de los autores de los grafitis.

A falta de la conclusión del juicio, que no se reanudará hasta el próximo 26 de mayo, Pedro Rosado, abogado de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca) y que ejerce la acusación particular, pidió ayer para uno de ellos una multa de 73.425 euros por 11 delitos de daños y 90 fines de semana de arresto domiciliario por 18 faltas. Para el otro joven solicita multas de 100.125 euros por 15 delitos y 5 fines de semana por una falta. El ministerio fiscal les acusa, en sus conclusiones iniciales, de un delito continuado de daños con una multa que asciende a un total de 4.380 euros para cada imputado.

Los afectados denunciaron que los daños en las fachadas de sus locales se produjeron con ácido, lo que obliga a cambiar las lunas al ser inviable la reparación. El coste tiene que ser asumido por las empresas porque los seguros no se hacen cargo.