Apartir de ya las empresas podrán alegar la posibilidad de pérdidas futuras para despedir más barato a los trabajadores (con 20 días de indemnización). Esta es una de las novedades más llamativas que se han incorporado a la reforma laboral durante su tramitación parlamentaria, que ayer culminó en el Congreso de los Diputados. El decreto de reforma laboral entró en vigor el 16 de junio. Las 70 modificaciones incorporadas en los dos meses de tramitación lo harán en cuanto el decreto se publique en el Boletín Oficial del Estado, en unos días.

Es el caso de la nueva definición de las causas económicas para justificar un expediente de regulación de empleo. A partir de ahora se entenderá que existe una "situación económica negativa" en casos "como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos". Modificaciones del Estatuto de los Trabajadores como esta justifican, desde el punto de vista sindical, la huelga general del próximo día 29. Para calentar motores, UGT y CCOO reunieron ayer a más 16.000 delegados de todo el país en un macroacto que empezó y acabó al grito de "Zapatero, dimisión".

TIBIEZA DE LOS TRABAJADORES No por casualidad, todo esto sucedía al mismo tiempo en que el Congreso votaba la reforma laboral. El abaratamiento del despido y lo que se interpreta como una mayor facultad de los empresarios para modificar las condiciones laborales (salario, jornada y movilidad geográfica) es lo que más irrita a los sindicatos. Eso sin contar con lo que viene: la reforma de las pensiones y de la protección por desempleo. Sin embargo, a 20 días de la huelga, la actitud de los trabajadores aún es tibia.

En el sector del transporte, el comité de empresa de Renfe ha dado ya su apoyo a la convocatoria de huelga, aunque la incidencia del paro sobre los usuarios dependerá de los servicios mínimos que dicte Fomento. Los usuarios de metro, autobuses y trenes tendrán ese día servicio aunque nadie sabe aún en qué franja horaria y con qué frecuencia, con lo que las aglomeraciones están garantizadas.

La huelga en el sector sanitario público tendrá escasa repercusión sobre los ciudadanos, a juzgar por la ambigua posición de los sindicatos mayoritarios. No convocan la movilización, pero dejan a criterio de sus afiliados secundar o no la huelga. CCOO prevé un amplio seguimiento en hospitales y la asistencia primaria, como consecuencia del "mal ambiente" tras el recorte salarial. Los servicios mínimos pueden diluir la protesta.

El descontento entre los docentes augura que, al menos en la enseñanza pública, la intención de sumarse al paro cuenta con un apreciable número de adeptos. El recorte de los salarios, ade- más, ha terminado por caldear aún más el ambiente.