El teniente y los siete guardias civiles implicados en la muerte del ciudadano almeriense Juan Martínez Galdeano en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería), fueron suspendidos ayer de sus funciones por seis meses, por orden directa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El alumno del Instituto Armado también implicado en los hechos ha sido suspendido por tres meses. A los implicados se les ha abierto expediente disciplinario por falta muy grave "por abusos de sus atribuciones y práctica de trato inhumano, degradante, discriminatorio y vejatorio contra las personas" bajo su custodia.
El jefe del Ejecutivo, que se enfrenta al primer caso grave de presuntas torturas y malos tratos a manos de agentes del Instituto Armado, llamó por teléfono desde Lanzarote, a los ministros del Interior, José Antonio Alonso, y de Defensa, José Bono, y les ordenó que apliquen el "mayor rigor y la máxima firmeza" en el esclarecimiento y represión de unas "conductas inaceptables en un Estado de Derecho".
El subsecretario del Ministerio de Defensa, Justo Zambrana, anunció a media mañana de ayer que los siete guardias y el teniente habían sido suspendidos administrativamente por medio año. Minutos antes, Alonso remitió una nota anunciando que comparecerá ante la Diputación Permanente del Congreso en cuanto finalice la investigación interna. Fuentes socialistas adelantaron que podría comparecer el 17 de agosto.
LA AUTOPSIA La alarma del Gobierno surgió después de conocer los datos de la autopsia. Los forenses concluyen que la muerte de Martínez Galdeano se produjo por los golpes que recibió en el cuartelillo de la Guardia Civil de Roquetas el domingo 24 de julio, a donde acudió a pedir ayuda tras un incidente de tráfico con un grupo de personas de etnia gitana que le perseguían.
Según la versión de la Guardia Civil, Martínez Galdeano, de 39 años y padre de un hijo, estaba visiblemente excitado y confesó que había consumido droga desde el día anterior. Tras remitir a sus perseguidores a la policía local, los guardias civiles le dijeron que debía someterse a la prueba de alcoholemia. Al parecer, se resistió. Y cuando fue sacado del cuartelillo, esposado, e iba a ser subido a un coche para entregarlo a la policía local, "intentó zafarse" y tuvo que ser reducido por la fuerza. Según la autopsia, los golpes le quebraron el esternón y le causaron la muerte.
Dos días después del incidente, el director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, abrió un expediente y suspendió por tres meses al teniente José Manuel Rivas como responsable de los malos tratos. El expediente se debió al empleo de "armas no reglamentarias" para reducir al fallecido, concretamente dos porras, una extensible y otra eléctrica, que oficialmente fueron "retiradas" en 1996, aunque en la práctica siguen siendo usadas por agentes antidisturbios.
Aunque Arruche aseguró que el expediente de Rivas estaba limpio, el oficial había sido denunciado en febrero pasado ante el juzgado de primera instancia de El Ejido por malos tratos al joven Juan Antonio San Martín. El padre de éste recordó los hechos: "Lo bajaron del coche, lo esposaron y le golpearon en presencia de su novia; no lo mataron porque había testigos", dijo. Y deploró que el juzgado no hubiera realizado diligencia alguna en esta denuncia.
CRITICA DE IU El comportamiento poco firme de Arruche para investigar lo sucedido desde el primer momento fue censurado ayer por el líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien criticó que haya defendido antes los intereses corporativos que los derechos constitucionales.
La Asociación pro Derechos Humanos anunció que se personará como acusación particular en las diligencias abiertas en el juzgado de primera instancia de Roquetas de mar.
