Han pasado casi tres cursos y medio desde que se implantó la asignatura; la Consejería de Educación se ha mantenido firme en la decisión de desarrollarla pasando por encima de polémicas y acciones de protesta; y desde hace dos años existe una sentencia del Tribunal Supremo que niega a las familias el derecho que defienden y al que se acogen. Pese a todo, la llama de la objeción a la asignatura de Educación para la Ciudadanía sigue encendida en Extremadura. Según las asociaciones de padres, hay casi 300 alumnos de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato declarados objetores a la materia este curso en la región. Eso sí, solo unos pocos llegan al extremo de no asistir a las clases.

Ni el tiempo ni la administración ni la justicia han logrado aplacar la oposición y la movilización de las familias contra Educación para la Ciudadanía. Ellas consideran que atenta contra el derecho que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos, argumentando que la asignatura "adoctrina" a los alumnos sobre "cómo deben pensar" en temas de calado moral como el aborto, las relaciones sexuales o la religión.

Según el Observatorio Extremeño por la Educación en Libertad, organismo creado por las asociaciones de familiares para asesorar a padres y alumnos y realizar un seguimiento de los casos, al inicio del curso se habían notificado en los centros educativos 288 objeciones a la materia, que se imparte en sexto de Primaria, todos los cursos de Secundaria (ESO) y en Bachillerato. "La inmensa mayoría de estos estudiantes entran en clase, pero han entregado en la dirección de su colegio o instituto un escrito en el que explican que lo hacen por imperativo legal", señalan desde el observatorio.

En enero del 2009 el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que negaba la posibilidad de acogerse al derecho a la objeción de conciencia respecto a la asignatura. "Pero a la vez, el tribunal reconocía que Educación para la Ciudadanía adoctrina, que es lo que defendemos nosotros", señalan en los colectivos de padres. Tras el pronunciamiento del Supremo, los procesos judiciales --la mayoría de las familias iniciaron individualmente causas en los juzgados de lo contencioso administrativo-- están pendientes de una resolución por parte del Tribunal Constitucional. Por si acaso, desde toda España se han presentado ya más de 300 demandas de amparo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Pero no solo la sentencia del Supremo pesa en la decisión de los padres de que sus hijos, aunque objeten, cursen y se examinen de la asignatura. "Para superar el Bachillerato deben tenerla aprobada, y cuenta en el expediente académico y sobre la nota de acceso a la Universidad", aclaran. Por contra, en Primaria y en ESO es posible pasar de curso con materias pendientes; por eso es en estos niveles donde se dan las objeciones con falta de asistencia a clase. "La no asistencia, en teoría, es absentismo y los profesores no deberían calificar al alumno. Pero en la práctica la consejería ha impuesto el criterio de que se evalúe con un 1, un suspenso", explican desde el Observatorio, que no da cifras sobre los objetores que no asisten a Educación para la Ciudadanía. A principios del 2009, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, aseguró que eran solo siete. La consejería, a la que se ha solicitado la información, de momento no la ha facilitado.