Cerco al fraude en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El Plan de Regularización Catastral que el Gobierno central puso en marcha en el año 2013 ha detectado irregularidades tributarias en 89.413 inmuebles de la región, que ahora tendrán que abonar unos 42 millones de euros para ponerse al corriente de pago. Las inspecciones, consistentes en un rastreo desde el aire con satélite y drones, han revisado ya más de 685.000 viviendas en 224 municipios extremeños. La construcción de nuevos inmuebles que no tributan o una ampliación de la vivienda que no se ha comunicado al Catastro son las principales irregularidades detectadas. Además de una tasa de 60 euros, a los propietarios afectados por la regularización se les aplicará un incremento medio de 134 euros en el recibo del IBI y 338 euros en concepto de atrasos.

El plan de regularización catastral se puso en marcha en el año 2013 junto a la amnistía fiscal y su objetivo no es multar las construcciones ilegales, sino aflorar los inmuebles que no están tributando de forma correcta. Tampoco implica una nueva revisión de valores catastrales: los inmuebles regularizados se valoran con los tipos vigentes en cada municipio hasta la fecha. Las directrices del plan vienen marcadas por el Gobierno central, que actúa "de la mano" de los ayuntamientos. De hecho, han sido más de 3.000 los consistorios de toda España que han manifestado al Catastro su interés en participar en el plan, casi 300 en Extremadura. El proceso se ejecuta por fases periódicas y la lista de las localidades que se revisarán en cada una de ellas se publica antes en el Boletín Oficial del Estado.

EL 13 POR CIENTO Según los datos facilitados a este diario por el Ministerio de Hacienda, a 20 de julio el proceso de regularización catastral había concluido en 224 municipios extremeños, detectándose irregularidades en 89.413 inmuebles, el 13% de los revisados. En el 43% de los casos el fraude obedece a una ampliación de la vivienda habitual que no se ha comunicado al Catastro (por ejemplo levantar un segundo o tercer piso); en el 35,5% se trata de nuevas construcciones que no están tributando; en un 19% se ha hecho una reforma integral o cambio de uso del inmueble (como puede ser la adecuación de una casa antigua) y en un 2% de los casos el problema es una piscina que no tributa.

Don Benito, Puebla del Maestre, San Vicente de Alcántara, Jaraíz de la Vera y Cáceres fueros de los primeros municipios extremeños en acogerse a la medida. Una vez comprobadas las modificaciones por los técnicos de Hacienda a través de fotografías aéreas, los afectados reciben una notificación por correo. Tienen que abonar una tasa de 60 euros --según Hacienda, su objetivo es la financiación del plan-- y ponerse al día en el pago del IBI. En los 224 municipios en los que ya ha concluido la revisión, para los afectados el recibo se ha incrementado una media de 134 euros a los que hay que sumar otros 338 en concepto de atrasos por los cuatro últimos años --el resto se considera prescrito--. En total, los afectados pagarán unos 42 millones de euros, de ellos 11,9 por el incremento del recibo y 30,2 por los atrasos.