Según informa el portal LGBT Dos Manzanas, cuatro años después de que diera comienzo la tramitación del actual proyecto, y 11 años después de que por primera vez se planteara la posibilidad, el Parlamento de Chile ha aprobado definitivamente el Acuerdo de Unión Civil, una ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo y de distinto sexo. El texto definitivo --incluyendo el nombre definitivo con el que se conocerá la institución-- no se ha conocido hasta estos días, después de que una comisión mixta Cámara de Diputados-Senado resolviera las divergencias existentes entre los textos ya aprobados por amabas cámaras.

Finalmente el Acuerdo de Unión Civil ha sido aprobado, y reconoce a las parejas unidas civilmente una parte importante de los derechos de los que disfrutan las parejas casadas, y contempla la posibilidad de mantener la custodia de los hijos de la pareja en caso de fallecimiento o inhabilitación de los padres biológicos. En este sentido, se igualan jurídicamente las posibilidades a la de los ascendientes.

Otro dato interesante es que, a la espera de que Chile disponga en el futuro de matrimonio igualitario, los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero serán reconocidos como uniones civiles.

La redacción final, algo diferente por tanto a la previamente aprobada por el Senado en octubre y por la Cámara de Diputados la semana pasada, satisface a los activistas LGBT que llevaban años esperando este día. "Son 11 años de trabajo por una legislación que reconozca a las parejas de hecho. Los heterosexuales, que por el hecho de no querer casarse fueron estigmatizadas a lo largo de la historia y las homoparentales, de gais y lesbianas, porque no tenían ningún reconocimiento ni validez para la sociedad chilena. Hoy día saldamos esa deuda histórica, esa deuda de humanidad y de democracia con las familias diversas", declara Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.

Se trata de un proyecto cuya tramitación se viene arrastrando desde la legislatura anterior, y sobre el que después de las elecciones de noviembre de 2013, que renovaron tanto la Presidencia como el Congreso, existía el compromiso de finalizar con carácter de urgencia. Aún así el proceso ha vuelto a sufrir retrasos y el trámite parlamentario ha resultado especialmente laborioso.