El Ejecutivo extremeño ha visto cómo la oposición tumbaba sus primeros presupuestos de esta legislatura, un caso que ha puesto en alerta a casi una decena de comunidades con gobiernos en minoría, al igual que el de la región, ante el riesgo de que se reproduzca la situación. En Madrid, Castilla y León, Murcia, País Vasco, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón o Cantabria los gobiernos necesitan del plácet de algún otro partido para sacar adelante las cuentas públicas.

También gobierna en minoría la socialista Susana Díaz en Andalucía, pero se ha curado en salud y ha cuadrado con Ciudadanos unos presupuestos de 31.285 millones, un 5,6% más que en 2015, con una rebaja del IRPF para rentas "bajas y medias". Con un gobierno todavía en funciones desde las elecciones del 27 de septiembre, y sin poder desbloquear la investidura del nuevo presidente, la perspectiva de tener presupuestos para 2016 se desvanece en Cataluña y el Govern ya está preparando una prórroga, como mínimo para arrancar el año.

El primer presupuesto de Cristina Cifuentes en Madrid suma 17.890 millones, un 2,71% más, y lleva una ley de acompañamiento que recoge medidas como que los seis hospitales que se iban a privatizar pasen a ser gestionados de forma directa por el Sermas o la eliminación de varias tasas. Una de las novedades del presupuesto murciano es la inclusión de dos vacunas, la de tos ferina y la de varicela, para 17.000 lactantes de 15 meses, así como el incremento en 6.000 del número de dependientes y una ayuda de cien euros por hijo para la adquisición de libros de texto. Crecen las cuentas de La Rioja, que gestionará 1.334,19 millones, un 3,8% más que este año. La principal novedad es la modificación de dos tramos del IRPF en virtud del pacto alcanzado con Ciudadanos para aupar a José Ignacio Ceniceros a la Presidencia.

En Cantabria, el Gobierno de coalición PRC-PSOE está en minoría y para aprobar el presupuesto de 2.464 millones que prevé para 2016, un 1,44% menos que este año, necesita el voto de algún grupo de la oposición. Podemos ha condicionado el suyo a una reforma fiscal que suba el IRPF a las rentas superiores a los 80.000 euros. Lo mismo le pasa al gobierno de Juan Vicente Herrera en Castilla y León, que precisa al menos de la abstención de un procurador de la oposición para sacar sus cuentas, de 9.843,7 millones, el 0,78% menos que en 2015.

El Gobierno socialista de Asturias, también en minoría, ha acercado posiciones con IU para cerrar un acuerdo sobre los presupuestos, que superaran los 4.100 millones euros, si bien requiere del apoyo de Podemos, o de su abstención, para evitar la prórroga. País Vasco, que tampoco tiene mayoría absoluta, proyecta 10.933,3 millones, un 2,8% más, y el PNV confía en contar con el respaldo de los socialistas, como en otros ejercicios. Ni Castilla-La Mancha ni Aragón han presentado todavía sus proyectos presupuestarios y seguro que tendrán muy en cuenta el ejemplo extremeño.