La Junta de Extremadura gestionará 6,7 millones de euros procedentes de la casilla del 0,7 % para fines sociales de la declaración de la renta tras el cambio de modelo acordado ayer en el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.
Desde hace 29 años esos fondos eran gestionados por el Gobierno de España, pero ahora, a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, se ha establecido que habrá dos tramos: el 80 % autonómico y el 20 restante estatal, según ha informado hoy el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.
Vergeles, que ha hecho estas manifestaciones tras la reunión en Mérida de la Mesa del Diálogo Civil, ha concretado que el acuerdo supondrá que Extremadura podrá gestionar 6,7 millones de euros, lo que le corresponde en función de las subvenciones que recibieron las entidades regionales del tercer sector en 2016.
El dinero se transferirá entre la última semana de junio y la primera de julio, ha apuntado el consejero, y Extremadura y las organizaciones afectadas trabajarán en una convocatoria de concurrencia competitiva para financiar sus programas.
Para poder convocar esta línea de ayudas, ha explicado, será necesario que una orden ministerial publique los acuerdos del consejo interterritorial.
En la convocatoria de valorará las características de las entidades, como su experiencia, pero también la calidad de los proyectos, ha advertido Vergeles.
El consejero ha precisado que el 80 por ciento del tramo autonómico no es sólo para dependencia, ya que también va para otras políticas sociales, para igualdad de la mujer, juventud y una pequeña parte para drogodependencia.
En la Mesa del Dialogo Civil también se ha tratado de la futura Ley del Tercer Sector de Extremadura y del objetivo de que sea fruto del consenso político.
La norma regulará cuáles son los requisitos que deben cumplir estas organizaciones, los compromisos que adquieren o los conciertos sociales.
En este sentido, Vergeles ha explicado que una directiva europea del 2014 permite concertar determinados servicios sociales, al margen de lo que dice la Ley de la Contratación Pública, lo que, a su juicio, es muy importante para las políticas sociales en general y la discapacidad en particular.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Manuel López Risco, ha hecho un balance positivo de la reunión, ha coincidido con Vergeles en la necesidad de una ley consensuada, y ha indicado que también se ha acordado establecer una comisión permanente para garantizar que el diálogo sea fluido.
López Risco ha mostrado su apoyo a la plataforma nacional, que en una asamblea ha mostrado su desacuerdo con el nuevo modelo del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) porque considera que no es lo que necesitan las organizaciones y los beneficiarios.
