La Junta de Extremadura manifiesta su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra algunos artículos del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Andalucía, en los que se atribuye a la Administración andaluza competencias exclusivas del Estado sobre la gestión de la cuenca del Guadalquivir.Según recoge la agencia Europa Press, el Ejecutivo extremeño recuerda que el recurso se interpone contra los artículos 43, 50.1.a, 50.2 y 51 porque, desde la Junta, se consideran que incumplen la Constitución. En este sentido, desde el Gobierno autonómico se insiste que su deber "es defender por encima de cualquier otro factor los derechos de los ciudadanos de Extremadura" y, por ello, explica que acude al Tribunal Constitucional para ejercer esta defensa "dentro de la más absoluta normalidad democrática", con lo que se permite que sea esta instancia judicial quien resuelva ajustándose al mandato constitucional este tipo de diferencias entre dos administraciones autónomas dentro del Estado, como son Extremadura y Andalucía.Cristina Narbona y Jordi SevillaPor su parte, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se muestra respetuosa ante la decisión del alto tribunal y elude pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de los artículos. Sin embargo, la ministra vuelve a tranquilizar a Extremadura ya que, en su opinión, "nada va a cambiar en la gestión del agua, que será responsabilidad del ministerio". Asimismo, anuncia que el traspaso de las competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a la Junta de Andalucía, como recoge el Estatuto, concluirá antes de que finalice la presente legislatura. Por último, Cristina Narbona explica que la Administración andaluza, en virtud de su Estatuto, tendrá las competencias sobre las aguas que discurran por su territorio y, para ejercer la administración de ese agua, "se verá alimentado por los medios humanos, técnicos y económicos" que se traspasaran desde el ministerio.Para Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, la resolución del Tribunal Constitucional significa normalidad en el funcionamiento de la democracia y el buen funcionamiento de las instituciones, que funcionan con independencia de los partidos políticos.PSOEPor otro lado, la secretaria de Política Autonómica del PSOE, Carmen Hermosín, advierte que la admisión del recurso no implica la inconstitucionalidad del texto andaluz. De hecho, la responsable socialistas muestra su confianza en que, cuando el tribunal analice el contenido del Estatuto, no dude de su constitucionalidad, ya que "nosotros no tenemos ninguna duda de la constitucionalidad de los artículos" que regula las competencias sobre el río. PPPor su parte, la dirección del PP andaluz pide al presidente de la Junta de Andalucía,, Manuel Chaves, que se tome en serio la decisión del Tribunal Constitucional que, en su opinión, "no es una buena noticia", y empiece a "esforzarse para lograr su retirada" por parte de sus "compañeros" del PSOE extremeño. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, lamenta que Chaves "no haya movido ni un dedo para evitar el recurso" presentado en su día por el ya ex presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y no duda en señalar al jefe del Ejecutivo andaluz como "culpable de su admisión a trámite por su falta de interés y dedicación dentro del PSOE para convencer a Rodríguez Ibarra para que retire el recurso".IULV-CA El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, expresa su temor ante la posibilidad de que el PSOE a nivel federal y el Gobierno de la Nación utilicen la admisión del recurso "como excusa para retrasar hasta la próxima legislatura" el traspaso de las competencias sobre las aguas del Guadalquivir que discurren por la comunidad. En declaraciones a Europa Press, Valderas asegura que la admisión a trámite del recurso extremeño es una "actuación normal" que no implica "ningún elemento previo de posicionamiento" por parte del Tribunal Constitucional (TC), por lo que el Estatuto andaluz "tiene plena vigencia", pero no oculta su preocupación ante la posibilidad de que la decisión del alto tribunal "sirva como argumento o sostén al Gobierno para que el traspaso de las competencias sobre el Guadalquivir se retrasen más allá de lo necesario y no se produzcan en esta legislatura".