La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, explicó ayer su postura respecto a los 95 expedientes sancionadores relacionados con manifestaciones y concentraciones en contra de la refinería Balboa.
Según señaló, desde el mes de marzo se han producido un total de 23 manifestaciones y concentraciones relacionadas con el proyecto del Grupo Gallardo, de las que sólo una fue convocada a favor de la refinería.
De las 22 manifestaciones restantes, 18 no habían sido autorizadas, ni se había recibido comunicación alguna en la Delegación del Gobierno. Sin embargo, no se disolvieron, ni se impidió su celebración, subrayó Pereira.
De estas 18 concentraciones y manifestaciones no autorizadas, en 5 --todas en Villafranca-- se ha abierto expediente sancionador por alterar el orden público, por impedir la celebración de plenos y por insultar y amenazar a miembros de la corporación local. Sin embargo, las notificaciones que recibieron los afectados hablaban de silbidos y abucheos. La delegada significó que el derecho a la libertad de expresión tiene sus límites cuando se vulneran otros derechos como el desarrollo de los plenos, la integridad física o el orden público.
