El director general de Caja Rural de Extremadura, José Manuel Gómez Piélago, fue sancionado por su propia entidad poco después de acceder al cargo el 26 de marzo del año pasado. Y es que el 11 de marzo, quince días antes de su nombramiento, el entonces Grupo Cooperativo Ibérico, resultante del SIP acordado entre Caja Rural de Extremadura y Caja Rural del Sur, había llevado a cabo una inspección en la oficina de la cual él era director, la principal de Cáceres, constatando "una serie de hechos irregulares consistentes en conceder descubiertos fuera de sus atribuciones, llegando alguno a encontrarse en situación de dudoso cobro y habiéndose iniciado la reclamación judicial de distintas cantidades".

La entidad le impuso una sanción de "pérdida definitiva del nivel o grupo con su correspondiente repercusión económica" y se lo comunicó a él y al comité de empresa de la entidad el 22 de mayo siguiente. Para entonces, Gómez Piélago ya ocupaba el sillón de director general con la aprobación del consejo rector y el visto bueno del presidente, en ese momento Román Prieto, quien, de hecho, le había propuesto para el cargo.

En el documento o acta del Grupo Ibérico al que ha tenido acceso este diario se aprecia que la sanción resulta "muy grave" por haber concedido descubiertos a trece clientes, particulares y empresas, por diversos importes, en distintas fechas y continuados en el tiempo.

En el momento de la emisión del acta, el 26 de mayo de 2013, dos meses después de la inspección, ya sólo 2 clientes de los 13 citados presentaban descubiertos importantes de 3.750,40 y 2.513,92 euros respectivamente (contra los que se iban a iniciar acciones legales), y otros dos saldos deudores menores de 76,24 y 81,26 euros. Sin embargo, el auditor y también secretario general considera que se había transgredido el convenio colectivo para sociedades cooperativas de crédito "la buena fe contractual, las normas del Banco de España y de la empresa con el propósito de ocultar o enmascarar los estados contables o de los riesgos contraídos con las dotaciones obligatorias".

Este diario trató de contactar ayer sin éxito con el director general de la entidad a fin de recabar su versión de los hechos.