La posible instalación de parques eólicos en la región encuentra de nuevo posiciones enfrentadas entre el Partido Popular y el Ejecutivo extremeño. Los populares ven peligrar los aerogeneradores en la región y acusan a la Junta de poner en peligro el futuro de estas instalaciones y de incumplir los plazos si deciden retrasar la resolución hasta después de los comicios. Mientras tanto, la Administración asegura que está cumpliendo la "escrupulosamente la legalidad" en todo el proceso de adjudicación.
La denuncia del PP llegó ayer a través del diputado regional Anselmo Díaz Cabello, quien reclamó a la Consejería de Economía y Trabajo que aclare la situación en la que se encuentra el proceso de autorización de instalaciones de parques eólicos. Los populares creen que la Junta ya debería haber emitido una resolución sobre los 116 proyectos y temen que el Ejecutivo lleve a cabo la decisión adoptada "supuestamente" el pasado 20 de marzo en Consejo de Gobierno, de retrasar esta adjudicación hasta después de las elecciones del 27 de mayo, según recoge Europa Press. En todo caso, Díaz Cabello reconoció que "no hay confirmación oficial sobre este cuerdo" aunque advirtió de que de ser así la Junta estaría incumpliendo con los plazos, y pondría en peligro la instalación de los aerogeneradores en la región. El diputado popular aludió a al artículo 13.3 del Decreto 195/2005 que regula la instalación de los parques eólicos, que establece que "la falta de una resolución expresa dentro del plazo previsto tendrá efectos desestimatorios". Esto invalidaría las 116 solicitudes y obligaría al Gobierno regional a iniciar de nuevo todo el proceso, puesto que ya agotaron en el mes de diciembre la prórroga de hasta tres meses contemplada en este decreto para emitir la resolución.
En este sentido, el portavoz de la Mesa Ciudadana para la Implantación Racional de las Energías, Juan Manuel Navarro ya advertía el pasado martes (ver el Periódico Extremadura) el temor de este colectivo ante posibles irregularidades en el procedimiento, y explicaba que "como consecuencia de la aplicación del artículo 13, la falta de resolución expresa en los plazos utilizados, que cumplían el 31 de marzo, habría producido un efecto desestimatorio de todas las solicitudes". Por este motivo, reclamaba a la Junta que diera explicaciones antes de que se iniciara el periodo electoral.
También el PP pide al Gobierno regional que disipe la "incertidumbre y den las aclaraciones que merecen" a todas las empresas que han presentados proyectos, ante lo que ellos consideran una actuación "chapucera" de la Consejería de Economía, que "pone de manifiesto la falta de una apuesta de la Junta por las energías renovables".
LA JUNTA DICE CUMPLIR LA LEY Por su parte la Junta considera que su actuación "está siendo escrupulosamente respetuosa con la legalidad".
El ejecutivo regional únicamente explica a través de un comunicado que, "dada la complejidad del caso --121 solicitudes iniciales con 4.000 alegaciones-- han entendido que debían tomarse todo el tiempo que les concede la ley para valorar adecuadamente todas las propuestas y otorgar las autorizaciones a los proyectos de parques eólicos que cumplan los requisitos establecidos".
Sin embargo el responsable de Energía, Manuel García Pérez, señalaba al término del plazo de alegaciones en diciembre, que el periodo de resolución "finalizaba el 31 de marzo con la presentación de las propuestas" y que cumplirían con esta fecha.
