La Junta de Personal Docente de Centros Públicos no Universitarios de la provincia de Cáceres ha calificado hoy de "innecesarias" las encuestas del Consejo Escolar de Extremadura sobre el seguimiento de las recomendaciones de los deberes escolares en los centros educativos extremeños.
Este organismo, constituido por 31 representantes sindicales del profesorado y que se ha reunido hoy en pleno, ha rechazado "cualquier tipo de injerencia" en la labor docente y ha defendido la "profesionalidad" del profesorado en relación con los deberes escolares.
"No estamos en contra del diálogo sobre los deberes escolares en la comunidad educativa pero no podemos olvidar que el artículo 20 de la Constitución Española reconoce y protege la libertad de cátedra de maestros y profesores como uno de los derechos fundamentales y de las libertades públicas amparadas en nuestra Constitución", ha expresado.
Ha recordado que la mayoría de los padres y alumnos mostraron su "respeto y confianza" en la labor del profesorado en los resultados de las encuestas sobre los deberes, que, a su juicio, deben ser "motivadores", consolidar lo aprendido y no exceder un tiempo "prudencial y necesario según las capacidades de cada alumno".
Por otro lado, ha mostrado su desacuerdo con la propuesta de la Consejería de Educación de suprimir 31 plazas de distintas especialidades del cuerpo de maestros en las plantillas orgánicas en la provincia cacereña.
A pesar del descenso de alumnos en Infantil y Primaria, ha considerado que este criterio "va en detrimento de otros aspectos de carácter social, como los de seguir manteniendo una Escuela Rural inclusiva e integradora".
Respecto a Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, ha manifestado que la propuesta para crear 64 plazas en la provincia es "insuficiente".
Así, ha abogado por unos criterios "equitativos" para establecer nuevas unidades o suprimirlas, y ha instado a la Junta a "buscar soluciones" y realizar una nueva propuesta en la Mesa Sectorial que abogue por "creaciones y no supresiones" de unidades escolares y vacantes para dar "la mayor estabilidad posible" a las plantillas y garantizar "la igualdad y la equidad" del alumnado.
