En medio del ruido político provocado en las últimas semanas por el cambio de la tramitación de la renta básica, incrementado por los intereses políticos a falta de ocho meses para las elecciones, los verdaderos profesionales de los sectores sociales en Extremadura avalan la nueva normativa.
Lo principal, aseguran sus responsables, es que será su criterio lo que prevalezca a la hora de pasar la primera selección de los demandantes. Y lo harán conociendo de primera mano a los futuros beneficiados, con los que llevan trabajando en cada localidad desde que se encuentran en situación precaria, sobre todo en los últimos años, donde la crisis ha empujado incluso a familias de clases medias que han perdido su trabajo a una situación inimaginable hasta hace bien poco: "Va a mejorar bastante si se lleva a cabo lo que nos han explicado del nuevo reglamento, sobre todo porque vamos a ser los trabajadores sociales quienes inicien el procedimiento, hagan la primera criba desde un punto de vista profesional, lo que evitará las avalanchas que ha habido hasta ahora, y no como antes, que los demandantes presentaban su solicitud de cualquier manera y ante cualquier administración y eso provocaba un gran colapso". Esta reflexión es de Carmen Alvarez, secretaria del Colegio de Trabajadores Sociales de Cáceres, quien considera fundamental a su vez que posteriormente se vaya a introducir un nuevo sistema informático --la vía telemática-- para que los expedientes que sean positivos lleguen de inmediato a los técnicos del Sexpe, que tendrán la última palabra, al comprobar los niveles de renta, otras ayudas, vida laboral, etc...
"Nosotros valoraremos en qué situación de exclusión social se encuentran desde la experiencia de nuestro trabajo en los Servicios Sociales de Base y ese informe social, con las circunstancias personales del solicitante y su familia, sus inquietudes o sus problemas, será el que demos traslado cuando antes. Esa labor se acumulaba en la Dirección General de Política Social y Familiar, donde se ralentizaba todo el proceso debido a la gran cantidad de expedientes que los técnicos no podían evaluar al completo", explica Alvarez.
En la misma línea se expresa la presidenta de dicho colectivo en la provincia de Badajoz, Carmen Núñez, al prever "mayor agilidad que el sistema actual". Eso sí, pide que se ponga en marcha a la mayor brevedad posible para que los solicitantes del proceso anterior puedan ver resuelto sus casos: "Hay más de 4.000 solicitudes que de una u otra manera esperan una respuesta, aunque también la nueva ley recoge que esos usuarios podrán acogerse a los requisitos del antiguo sistema si las condiciones para ellos son mejores que el nuevo proceso".
Eso sí, pide una mayor dotación y consolidación de trabajadores sociales y que la prevista aprobación de la futura Ley de Servicios Sociales se realice cuanto antes.
