"¿Quiénes lo mataron?", indaga la policía y sólo recibe en Ayo Ayo (Bolivia) un silencio inescrutable como el viento del altiplano. El alcalde de ese poblado de la comunidad indígena aymara, Benjamín Altamirano, fue arrancado de su casa por una turba, que luego le ató a un poste en la plaza central del pueblo y le prendió fuego. La pira aún arde, pero ni siquiera los niños sueltan palabra sobre lo que ocurrió.
El mestizo Altamirano, del partido de centroderecha Nueva Fuerza Republicana (NFR) estaba acusado de varios actos de corrupción. Un tribunal de La Paz lo absolvió de todos los cargos. Altamirano volvió altivo a Ayo Ayo, a 81 kilómetros de la capital boliviana. De inmediato, se sintió cercado. Los habitantes habían decidido aplicarle la "justicia comunitaria".
Huida policial
Los cinco policías que vigilaban el poblado pudieron tal vez evitarlo, pero huyeron despavoridos. Al regresar con refuerzos supieron que los pobladores, liderados por el radical Movimiento Sin Tierra (MST), votaron en una asamblea obstaculizar las investigaciones del escalofriante crimen. Y además, amenazaron con bloquear la carretera que une Bolivia con Chile y hacer volar torres de electricidad si no se dejaba en libertad a uno de los sospechosos del asesinato del alcalde y se destituía a los jueces que en La Paz protegieron al primer edil.
Lo de Ayo Ayo --poblado vecino al peruano Llave, donde su alcalde Cirilo Robles corrió la misma y fatal suerte a manos de grupos aymaras-- fue cualquier cosa menos una casualidad. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Paulo Bravo Alencar, aseguró que estos hechos son "frecuentes" en un país donde la Oficina de Fortalecimiento de la Gestión Municipal del Ministerio de Participación Popular recibe una denuncia de corrupción diaria.
"El Estado ha perdido autoridad hace bastante tiempo", reconoció el ministro de Gobernación, Alfonso Ferrufino. "No hay dinero para garantizar el número suficiente de policías en los 318 municipios del país, a lo que se ha sumado la actitud hostil de varias poblaciones hacia la autoridad desde octubre pasado", agregó.
Hace dos semanas, el viceministro de Educación, Celestino Choque, pudo comprobarlo. Fue secuestrado por los maestros y arrastrado por las calles, antes de ser conducido a una asamblea en la que le colocaron orejas de burro. Veinte días atrás, la alcaldesa del municipio de Filadelfia fue golpeada por los vecinos, que luego la obligaron a pasear desnuda por la plaza principal. El alcalde de Tocona (en Cochabamba), Armando Valdivia, no quiere regresar a su puesto. "Nadie me garantiza la integridad física", dijo. El presidente interino, Carlos Mesa, ha tomado nota de estas coincidencias. Algunos temen que quiera apagar el fuego de la ira arrojando más gasolina.
