Cuatro militares y un abogado que había demandado a las petroleras extranjeras están entre los 20 directores y 10 síndicos (una especie de fiscalizador estatal) que asumirán el control de las cinco empresas afectadas por el decreto de nacionalización de los hidrocarburos del Gobierno boliviano. El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, reconoció que existe "una gran confusión legal" que impide a los designados ejercer sus funciones. No se sabe si la primera reunión del directorio debe convocarla el representante del Estado o el del sector privado.

Algunos nombramientos no pasaron inadvertidos en La Paz. El Gobierno decidió que Santiago Berrios, presidente de la Asociación Patriótica de Abogados, que en el 2005 pidió en los tribunales la anulación de los contratos de las compañías, se encargue de fiscalizar a Andina, la subsidiaria de Repsol YPF. El síndico de Petrobras Bolivia Refinación será Jorge Soruco, un oficial de la Fuerza Naval de Bolivia.

REVISAR EL PASADO El Estado nacionalizó el 3% de las acciones de Andina y Chaco para quedarse con la mitad más uno de su paquete. En Transredes, subsidiaria de Enron y Schell, necesitó el 17%. En cuanto a Petrobras y la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), estatalizó el 51%.

En este contexto, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la detención del español Julio Gavito y el argentino Pedro Sánchez, los dos principales ejecutivos de Andina, al aceptar un recurso de hábeas corpus presentado por sus abogados.

Mientras sectores de la oposición siguen relacionando la nacionalización de hidrocarburos con un eje político La Paz-Caracas, el presidente venezolano Hugo Chávez dijo que dos bancos del país se instalarán en Bolivia. Por su parte, el presidente Evo Morales decidió tomar partido en las presidenciales de Perú y recibió al nacionalista Ollanta Humala, en Copacabana.