El polémico hecho prácticamente se había admitido; las cifras, hasta ahora, no. El viernes, el Departamento de Justicia de EEUU reconoció que durante el 2005 el FBI espió a 3.501 ciudadanos de EEUU o residentes legales, sin orden judicial. Para ello, obtuvieron los datos de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y facturas telefónicas.

Es la primera vez que la Administración de Bush hace públicos datos concretos sobre esta controvertida práctica, que el Ejecutivo hizo posible con la ley patriota, cuestionada en los tribunales.

La Administración también reconoce haber examinado informes de empresas, al menos 115 veces. Esta táctica sí requiere permiso judicial y el Ejecutivo se dotó de la posibilidad en otra provisión de la renovada ley patriota: el permiso para inspeccionar los registros de las bibliotecas.