Tras el encarcelamiento de 75 disidentes en el 2003, Bruselas decidió imponer una serie de sanciones a Cuba. La Habana congeló los contactos con los diplomáticos de la Unión Europea (UE) cuando éstos empezaron a invitar a sus recepciones a disidentes. El mismo Castro organizó protestas ante las embajadas de España e Italia y rechazó la ayuda de la UE.

La iniciativa de algunos países de la UE, como España, abrió el camino al cambio de la política comunitaria hacia la isla. En enero, Bruselas levantó las sanciones políticas y acordó tener con La Habana un "diálogo constructivo", pero también relaciones más intensas con la oposición.