Una mujer musulmana no podrá negarse a ser examinada por un médico masculino. Esta es una de las medidas que se desprenden de la carta sobre la laicidad en los servicios públicos, cuyo proyecto fue entregado ayer al primer ministro, Dominique de Villepin, por el Alto Consejo para la Integración. El texto solo recuerda los valores republicanos sin que tenga, de momento, carácter normativo.
El Alto Consejo para la Integración (HCI, en sus siglas en francés) señala que "el principio de laicidad no se limita solo al campo de la escuela", pero en el caso de los demás servicios públicos a que afecta el texto (hospitales, prisiones, Seguridad Social, Fuerzas Armadas) no se ha ido tan lejos como en la enseñanza, donde se prohibió por ley el uso de símbolos religiosos.
La carta es un código de buena conducta o "un corpus de grandes principios", según el HCI, para los funcionarios y los usuarios de los servicios públicos. Entre estos principios destacan la abstención "de toda forma de proselitismo". Así como tampoco se podrá "exigir una adaptación del funcionamiento del servicio público".
