Sin remitir todavía el estado de conmoción en el que el brutal asesinato de una mujer de 47 años presuntamente por un rumano ha sumido a Italia, las autoridades de ese país multiplicaron ayer los procedimientos para expulsar a inmigrantes rumanos por razones de "seguridad pública", en aplicación del decreto aprobado con carácter de urgencia el miércoles por el Gobierno. Paralelamente, las autoridades tuvieron que hacer repetidos llamamientos a la calma tras el apaleamiento, el viernes por la noche, de cuatro ciudadanos rumanos, lo que ha activado todas las alarmas ante una posible cadena de actos xenófobos de venganza.

Hasta 31 órdenes de expulsión firmaron durante la jornada de ayer los gobernadores civiles de Roma, Milán, Turín y Génova. En la región de Florencia, la policía buscaba a una veintena de rumanos susceptibles de serles aplicado el nuevo decreto, que permite a los gobernadores civiles expulsar a los inmigrantes de la UE en razón de su "peligrosidad". El procedimiento es muy rápido: el viernes por la noche, un juez de paz milanés validó las primeras cuatro repatriaciones y los expulsados fueron embarcados en un avión rumbo a Bucarest.

Además de las expulsiones, la policía está desmantelando los campamentos de rumanos de etnia gitana de varias ciudades italianas. En Roma, el campo ilegal de Tor di Quinto, que había sido evacuado el viernes, fue demolido ayer. La policía llevó a cabo varias redadas a lo largo del río Tíber, pidiendo los papeles a los habitantes de los poblados e incautándose de montones de equipos electrónicos que, al parecer, habían sido robados. En Bolonia (centro del país), se desalojaron otros campamentos.

Mientras, cientos de personas asistieron en Roma a los funerales de Giovanna Reggiani, la mujer asesinada el martes en Tor di Quinto. A las puertas de la iglesia, se escucharon gritos pidiendo "venganza" y "pena de muerte para los asesinos".