Varias semanas de especulaciones sobre la inminencia de un golpe de mano del presidente de Pakistán, el general Pervez Musharraf, ante la creciente contestación interna que afrontaba acabaron por materializarse ayer. Desoyendo las presiones de diplomáticos europeos y estadounidenses, el militar paquistaní hizo buenos los pronósticos que auguraban la imposición del estado de excepción y decidió suspender la Constitución, desplegar las tropas en puntos clave, interrumpir las comunicaciones telefónicas e incluso destituir a Iftijar Chaudhry, presidente del Tribunal Supremo, instancia judicial que debía dictaminar acerca de la legalidad de su candidatura en la controvertida elección indirecta que le permitiría renovar su mandato como jefe del Estado. Al caer la noche, podían oírse disparos en Karachi, la gran megalópolis del sur, donde la oposición leal a Benazir Bhutto es mayoritaria.

"Pakistán ha llegado a un punto peligroso, y está atravesando una crisis interna", dijo Musharraf en una intervención televisada horas después de la proclamación del estado de excepción. "Todo lo que sucede se debe a problemas internos", estimó. En el texto del decreto presidencial en el que se proclama el estado de excepción se apuntan dos razones: el creciente activismo de los extremistas islámicos y lo que calificó de "interferencia" del estamento judicial en la acción de Gobierno: "Hay un palpable crecimiento de las actividades de los extremistas y de incidentes de ataques terroristas... Hay una creciente interferencia de algunos miembros de la judicatura en la política del Gobierno, afectando de forma adversa el crecimiento económico". Durante la tarde de ayer, contingentes de militares fueron desplegados en los alrededores de las emisoras estatales de radio y televisión, y sellaron los accesos a la presidencia, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo.

A nadie se le escapa que las últimas palabras del decreto presidencial estaban dirigidas a los miembros del Supremo, organismo que encabeza la contestación política interna y probablemente la principal razón que tuvo en mente Musharraf a la hora de imponer el estado de excepción. El presidente del Supremo, Iftijar Chaudhry, ya fue destituido en marzo y solo fue reinstaurado en el cargo en julio, bajo intensas presiones. Pese a que Chaudhry fue informado de que sus servicios "ya no eran requeridos", nada más conocer la noticia el propio magistrado y otros ocho jueces se desplazaron hasta la sede del tribunal, donde declararon ilegal el nuevo orden.

Posteriormente, Chaudhry y otros destacados letrados fueron puestos "bajo custodia", es decir, arrestados. "Un solo hombre ha tomado a toda la nación como rehén; ha llegado la hora de que el general Musharraf se vaya", espetó Aitzaz Ahsán, presidente de la Asociación de Magistrados del Tribunal Supremo, en el momento de su detención. "¡Vete Musharraf, vete!", gritaban varios letrados. Abdul Hameed Dogar, magistrado de la confianza presidencial, fue nombrado sustituto de Chaudhry.

DESACUERDO POLITICO Otra de las fuerzas políticas se opone a este autogolpe protagonizado por el general Musharraf es Benazir Bhutto. La líder del Partido Popular de Pakistán (PPP) se encontraba ayer en Dubái, pero regresó a Karachi. Tras unos momentos de incertidumbre en los que se desconocía su paradero, anoche se confirmó que había logrado salir del aeropuerto. "Planeo encontrarme con los líderes de otros partidos para revertir la suspensión de la Constitución", dijo. El exprimer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, depuesto por Musharraf en el golpe de Estado en 1999, advirtió: "Vamos hacia la anarquía".