Al buscar Panamá en los archivos, es fácil olvidar que existe: alguna información sobre el canal, eje del 6% del comercio mundial y cuya ampliación hace la española Sacyr; noticias referidas al narcotráfico --el 70% de la cocaína que viaja de sur a norte pasa por su territorio--, menciones sobre turismo o paraísos fiscales... O recuerdos del pasado en el juicio de Manuel Noriega. Hoy, sin embargo, muchos ojos están puestos en la pequeña y estratégica nación centroamericana, incluyendo los del Gobierno de EEUU. Y es que, al año de llegar al poder, el millonario dueño de supermercados Ricardo Martinelli, presidente por Cambio Democrático, ha colocado al país en una encrucijada.

Mientras Panamá avanza --mejorando índices de crecimiento, logrando que las agencias de calificación mejoren su puntuación, viviendo un boom inmobiliario que hace de la capital una réplica de Miami-- la concentración de poderes de Martinelli se deja sentir. Controla el legislativo y el judicial. Y es ahí donde se ven ecos de dictadura.

LA ´LEY CHORIZO´ Una serie de cambios han prendido el fuego de la tensión, que se ha avivado al empezar el Gobierno a usar tácticas de represión. La llama fue la aprobación de la Ley 30, conocida como ley chorizo. Era, se supone, una ley de aviación comercial. Pero altera otras nueve leyes y códigos y estipula, por ejemplo, que no será necesario realizar estudios de impacto ambiental para obras de interés nacional; acaba con protecciones a los trabajadores y libra a los policías de la prisión preventiva.

En un país donde los sindicatos tienen gran relevancia se ha reactivado la red social. Ha habido huelga de los trabajadores del canal y paros generales. Y hace 20 días las protestas en la Bocas Fruit Company fueron reprimidas con violencia. La presión ha obligado a Martinelli a posponer 90 días la entrada en vigor de tres disposiciones de la ley. Es un gesto insuficiente para quienes buscan la derogación, pero necesario para dar una imagen de normalidad que mantenga las inversiones. "En un año se le ha acabado la confianza del pueblo. Ha impuesto la represión salvaje", cuenta Saúl Méndez, uno de los líderes sindicales que han pasado días en la clandestinidad.

También menciona a la dictadura el abogado Silvio Quiñones. Usa pocas palabras: "Corea del Sur" y "minería". Así llama la atención sobre la negociación de Martinelli con Seúl para explotar Cerro Colorado, la segunda mayor reserva de cobre del mundo. "Entraron millonarios y quieren salir archimillonarios", dice.

La preocupación se extiende. En una reciente visita, Arturo Valenzuela, responsable para la región del Departamento de Estado de Estados Unidos, recordó que "un Gobierno democráticamente elegido debe gobernar democráticamente". Públicamente, el Departamento de Estado llama al diálogo. En privado, avisa de que está alerta.