Una vez más, el Tribunal Constitucional ha fallado a favor de la protección de datos. Los jueces limitaron el miércoles la aplicación de una controvertida ley sobre el almacenamiento de los datos telefónicos, en vigor desde el pasado día 1 de enero. Los magistrados, con sede en Karlsruhe (suroeste de Alemania), exigen que el Estado utilice esos datos exclusivamente en actuaciones judiciales, y sobre graves delitos.
El tribunal atiende las peticiones de unas 30.000 personas que habían presentado un recurso para derogar esa ley, porque estiman que vulnera la libertad de los ciudadanos. Los jueces consideran ahora que el Gobierno alemán pecó de exceso de celo al interpretar una directiva europea sobre la lucha antiterrorista, y efectuó una interpretación demasiado amplia de las posibilidades de utilización de datos privados.
