El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, confía en que "la ofensiva final contra el Gobierno de facto" se inicie hoy --cuando se cumplen tres meses del golpe de Estado que lo sacó del país-- con la movilización de sus partidarios del país hacia la capital y "una gran marcha por la restitución" en Tegucigalpa.
Pero el alarde de fuerza fue ayer del Gobierno golpista: dio un plazo de 10 días a Brasil para que "defina el estatus" de Zelaya, que lleva una semana como "huésped oficial" de su embajada, y anunció que no recibirá a los embajadores de España, Argentina, México y Venezuela.
La "llamada patriótica" con la que Zelaya incitó a la "desobediencia civil contra la dictadura hasta la caída de los usurpadores" acabó por desatar las iras del presidente golpista, Roberto Micheletti. Su Gobierno pidió a Brasil que "tome medidas para asegurar que Zelaya deje de utilizar la protección que le ofrece la misión diplomática para instigar a la violencia" y amenazó con "tomar medidas adicionales" si no informa del estatus de Zelaya . El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que no accederá a esa demanda.
El Gobierno golpista puso también un alto al retorno de los embajadores, que aspiraban a formar una mesa de diálogo en Tegucigalpa. Dejó claro que solo podrán volver si sus gobiernos negocian el restablecimiento de las relaciones que "decidieron romper unilateralmente".
Aun así, expresó su "satisfacción" por la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea de hacer volver a sus diplomáticos "por cuanto representa un reconocimiento expreso al Gobierno del presidente constitucional Roberto Micheletti".
