50 personas se concentran en la Comisaría de la Policía Nacional de Mérida como protesta porque seis miembros de la asociación Malvaluna, cinco mujeres y un hombre, deben declarar después de autoinculparse por haber abortado o acompañado a otras mujeres a interrumpir su embarazo.
Según informa la agencia Efe, la portavoz de la Malvaluna, Catalina Galán, precisa que en Extremadura se han presentado más de cien autoinculpaciones por abortos. Por ello, esta protesta se enmarca en la campaña iniciada por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, que agrupa a 20 asociaciones de 11 comunidades autónomas, en favor de la despenalización del aborto y en solidaridad con las mujeres y profesionales llamados en distintos juzgados españoles a declarar como imputadas de haber realizado interrupciones de embarazo.
Galán recuerda que se han presentado en los juzgados del país unas 16.000 autoinculpaciones en protesta por la campaña de "acoso" que recibieron algunas clínicas que practican abortos. Sin embargo, "y en contra del criterio mayoritario de los juzgados de toda España", los de Mérida decidieron que las personas firmantes sean llamadas a declarar ante la policía. Para Galán, esta situación es "muy grave" y pone de manifiesto el interés de algunos jueces por "llevar hasta el extremo las más restrictivas interpretaciones de la normativa".
De hecho, considera que "ya es hora" de que la interrupción del embarazo, en los supuestos que establece la ley, se normalice como una prestación más en la red sanitaria pública y ha abogado, en este sentido, porque se regule de forma clara la objeción de conciencia de los profesionales médicos.
Asimismo, desea que esta actuación de los juzgados quede en una anécdota más "del largo camino por el derecho de las mujeres a decidir" y considerado que estas actuaciones suponen una brecha "cada vez más profunda" en la confianza de los ciudadanos en la justicia.
