Seis años después, arranca el juicio por el tiroteo del verano de 2011 que se saldó con dos muertos y dos heridos en San Lázaro. La vista, con cuatro sesiones programadas, se celebra esta semana en el palacio de justicia entre fuertes medidas de seguridad y un amplio dispositivo policial para evitar una nueva contienda entre las dos familias enfrentadas. Se trata del segundo señalamiento ya que el primero, previsto para el pasado enero, tuvo que suspenderse al no comparecer uno de los imputados, M. V. V., que alegó motivos de salud. Hasta ayer, cuando llegó al juzgado «libre y por su propio pie» según su abogado, había permanecido en busca y captura.
Son un total de 12 personas las que se sientan en el banquillo de los acusados (había otra mujer más pero fue asesinada por un sicario en Cádiz un mes después de los hechos), para los que la fiscalía pide penas de entre 2 y 60 años de prisión por delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas. En la sesión de ayer los imputados admitieron que el enfrementamiento entre ambos clanes tuvo su origen en la separación de un matrimonio. Los cuatro principales acusados (tres de la familia M., a la que pertenece la mujer, y M. V. V., de la familia del marido) reconocieron haber lanzado varios tiros «al aire», pero en defensa propia y sin ánimo de herir a nadie.
J. M. V., patriarca de los M., explicó en su declaración que la intención de su familia era reunir a los «gitanos viejos» en el Consejo de Razón, tal y como dictan las leyes gitanas, para tratar la separación del matrimonio. Alegó que el varón «daba mala vida» a la muchacha e iba a tener un hijo con otra mujer. Sin embargo, según M. V. V. (es hijo y hermano de los fallecidos, recibió un impacto de bala en el estómago durante la contienda y a su vez está acusado de herir a un viandante ajeno a la disputa), ese consejo de mayores ya había autorizado la ruptura del matrimonio, que llevaba separado más de un año, y lo que ocurrió fue que la familia M. «se molestó» al ver que el chico iba a tener un hijo con su nueva pareja, que además no era gitana.
Así, con el ánimo de arreglar las cosas «porque no se estaba respetando la palabra dada», los V. fueron en la mañana del 3 de agosto de 2011 a la casa de J. M. V., donde empezó el tiroteo. Sin embargo, según los M., la familia del varón sí llegó «en plan de guerra» y propinando amenazas de muerte e insultos tanto a la familia como «a sus muertos», siendo esto último «la peor ofensa» que se puede hacer a un gitano de acuerdo a sus leyes.
ARMA DE CAZA / Ambos clanes se acusaron mutuamente de haber iniciado el tiroteo y admitieron haber lanzado disparos al aire con armas que recogieron en el escenario del fuego cruzado. Solo J. M. V. reconoció que disponía de una escopeta de caza reglamentaria que disparó ocho veces «hacia arriba» en defensa propia, pero negó haber matado a la mujer de 71 años miembro de los V. como sostiene la fiscal. Para él, el ministerio público pide 47 años y 9 meses de cárcel. Por su parte, a J. M. M. D., nieto del anterior acusado, la fiscalía le atribuye el disparo que causó la muerte a la segunda víctima, un hombre de 38 años también miembro de los V. Se enfrenta a una pena de 50 años de cárcel, pero ayer en el interrogatorio se declaró inocente y negó haber realizado disparos.
Sí reconoció un forcejeo con la víctima F. M. V., hijo y tío de los dos anteriores acusados, a quien el ministerio fiscal atribuye a su vez el disparo que hirió en el estómago a M. V. V. y para quien se piden 37 años de cárcel. En el interrogatorio negó que disparara y tuviera armas, pero sí explicó que el forcejeo con el fallecido se produjo al ver que «se estaba sacando un arma de la cintura, para evitar que disparase».
Por su parte, M. V. V., que el día de autos se desplazó de Barcelona a Mérida, aseguró que su familia ya tenía intención de viajar a Extremadura y negó que portaran armas «porque no venían en ese plan». Al igual que el resto, alegó que una vez iniciado el fuego lanzó tiros al aire para defenderse, sin poder ver quién disparó a su madre y a su hermano. M. V. V. se enfrenta a la mayor pena, 62 años de cárcel, por ocho delitos de tentativa de homicidio.
Para el resto de acusados, todos de la familia M., la fiscalía pide penas de entre 2 y 33 años por delitos de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas. Tres de ellos, residentes en Sevilla, sí reconocieron ayer ante el juez que poseían armas sin licencia.
Tras los interrogatorios, la vista continuará hoy con la declaración de los testigos, entre los que se incluyen la persona ajena a la disputa que fue alcanzada por una bala y miembros de ambas familias. El miércoles será el turno de las pruebas periciales, forenses y de balística, y la última sesión se reservará a los informes y el alegato de los acusados.
