El juicio por el despido de 28 trabajadores del Ayuntamiento de Mérida se celebró ayer en dos sesiones, una para tratar el caso de ocho empleados municipales de la delegación de Turismo, y otra para el de una trabajadora del área de Cultura. Ante el juez del Juzgado de lo Social número 4 de Badajoz intervinieron los letrados José Manuel Redondo, en representación de los trabajadores, Miguel Martín, por parte del consistorio, así como los tres testigos propuestos por la parte demandante y un perito por la parte demandada.
El abogado de los empleados alegó ante el magistrado que se había producido un despido nulo o subsidiariamente improcedente, y que existía una discriminación con respecto a los trabajadores. "De ahí que se denunciase la existencia de una vulneración de derechos fundamentales", explica el representante sindical, Juan Luis Lancho. Redondo trató de demostrar que en el cese no existía un criterio objetivo argumentando que los trabajadores despedidos "estuvieron asesorados por Comisiones Obreras, y por eso se los despidió".
Lancho recuerda que el día 8 de abril de 2013, el ayuntamiento emeritense anunció que abandonaba su intención de hacer un ERE. "No explica ningún motivo, pero a la semana siguiente despide individualmente a un número de trabajadores menor que los que exige la Ley para que no se considere despido colectivo", apunta. Y en ello se basaron los trabajadores alegando que este despido se produjo para "huir de la negociación colectiva".
ESTADO FINANCIERO La parte demandante había solicitado al consistorio que presentase documentación financiera sobre el estado real de las cuentas municipales y de toda la vida laboral. "Si la situación es mala, por qué el ayuntamiento ha contratado a más personal, y no nos referimos a los contratos subvencionados, que es lo que ha intentado defender el abogado del ayuntamiento", señala Lancho.
Para justificar los motivos económicos de los despidos, el ayuntamiento presentó en el juicio el informe de un perito, quien aseguró que en el primer trimestre de 2013 la deuda municipal sobrepasaba los 65 millones de euros. Asimismo aseguró que en los cuatro trimestres posteriores a los ceses, los resultados eran negativos por encima del millón de euros. El perito afirmó, según los informes financieros oficiales aportados en la carta de despido, que existían cifras suficientes para comprobar que la situación económica del ayuntamiento no era buena.
Para CCOO, estas declaraciones contradicen los datos aprobados en el Plan Económico Financiero 2012-2022, pues "con respecto a personal no existía ninguna medida de despido de trabajadores". Y por ello, Lancho no comprende cómo "si el pleno lo aprobó sale este informe".
Finalmente, al no presentarse la documentación requerida por la parte denunciante, el juez estimó que las conclusiones se harían por escrito. La próxima sesión será el 18 de febrero para tratar el caso del empleado de la imprenta municipal que también fue despedido.
