El ayuntamiento comprará la ciudad deportiva por una cantidad que deberá negociar con la empresa Sidecu. La Junta dará una ayuda para la adquisición de estas instalaciones, que el jueves cerraron al público.
Así lo afirmó ayer el alcalde, Angel Calle, quien destacó que la compra de este complejo deportivo "era la única salida" para desbloquear la situación de ilegalidad a la que se enfrenta esta obra, declarada nula de pleno derecho por la Dirección General de la Administración Local "por prescindir total y absolutamente del procedimiento legal establecido", según un informe de este departamento, dependiente de la Consejería de Desarrollo Rural.
UN MES DE PLAZO En este informe, la consejería da un plazo de un mes al ayuntamiento, que aspira el próximo 13 de agosto, para anular los acuerdos firmados entre la anterior corporación municipal del PP y la empresa Sidecu, ya que en caso contrario llevaría a los tribunales al actual equipo de gobierno. Así, el contrato con Sidecu será declarado nulo el lunes, en la reunión de junta local.
Calle indicó que toman esta decisión para no mantener un contrato ilegal "y porque no estamos dispuesto a hipotecar el ayuntamiento durante 40 años, pagando 480.000 euros anuales durante este tiempo, además de la cesión de 67.600 unidades de aprovechamiento urbanístico". Según el alcalde, la empresa ha aceptado vender y ya hay técnicos municipales haciendo una valoración de las instalaciones para hacer una oferta a Sidecu.
Angel Calle no quiso desvelar cuánto pide la empresa hasta no saber la tasación de los técnicos. Lo que sí desveló es que Sidecu se había comprometido con una empresa a venderles las unidades de aprovechamiento urbanístico, por lo que había recibido una entrada de 180.000 euros, "sabiendo además que el ayuntamiento no disponía de ellos y que ni siquiera se los había dado todavía".
En cuanto al cierre de la ciudad deportiva, que abrió su puertas el 1 de julio y cuyas instalaciones están ya casi acabadas, Calle indicó que ha sido una iniciativa de la propia empresa ante el riesgo de tener abiertas unas instalaciones al público sin licencia de apertura, ya que en caso de accidente toda la responsabilidad podría recaer sobre el ayuntamiento y el alcalde.
Por su parte, el concejal del PP, Fernando Molina, que fue delegado de Deportes en la anterior corporación, indicó que las decisiones tomadas para la construcción de la ciudad deportiva estaban avaladas por los técnicos, "que son los que certifican que se puede hacer así".
Además, Juan Marrero, también concejal del PP, mostró su sorpresa "por comprar el ayuntamiento algo que ya es suyo".
