El Ayuntamiento de Mérida, a través de la delegación de Servicios Sociales, ha paralizado dos órdenes judiciales de desahucio desde que el nuevo equipo de gobierno iniciase la gestión municipal el sábado 13 de junio, una de ellas en una vivienda social y otra por falta de pago en una vivienda de alquiler. Así lo asegura la delegada del área, Mercedes Carmona, quien informa de que en la oficina de desahucios, ubicada en la sede de Servicios Sociales, ya se están gestionando ocho casos más de desalojos a familias de la ciudad que están "en vías de solución".
En esta línea, la edil responsable de intermediar ante los desahucios destaca que "ya está en marcha" el borrador de un protocolo de actuación que se remitirá al Gobierno extremeño y en el que se especificarán aspectos sobre cómo intervenir ante las ejecuciones, los cauces para habilitar una vivienda alternativa en caso de no poder paralizar el desalojo y el orden de preferencia de cada caso, ya que "no existirá prioridad por permanecer a un movimiento social".
La negociación con las entidades bancarias, con la administración de Justicia o con cualquier otra persona implicada en el proceso para ayudar a renegociar la deuda o conseguir la dación en pago, así como el realojo de los inquilinos en otra vivienda son algunas de las actuaciones que puede llevar a cabo el consistorio. En concreto, si finalmente la familia tuviese que abandonar su vivienda, "se le daría un alquiler social dentro del patrimonio de vivienda" que tiene la Junta de Extremadura.
Sobre este asunto, Carmona explica que la oficina de desahucios comenzó a funcionar "desde el primer día" y que próximamente se editarán unos dípticos informativos "para que todo al mundo conozca este servicio gratuito", en una oficina que permite "asesorar y solucionar" asuntos referentes a los desahucios. De esta forma, los folletos explicativos se distribuirán en los organismos públicos y redes sociales. "Deseamos que la gente no se vea en una situación de extrema necesidad, sino que tengan un empleo y una vida digna", puntualiza la delegada.
Con respecto a la situación de las personas de la Corrala Dignidad que han ocupado viviendas unifamiliares en La Calzada, Carmona asegura que "no tendrán una solución hasta que no acabe la ocupación". Asimismo, los inquilinos deberán seguir los cauces habituales y pasar por una evaluación individualizada para determinar la prioridad.
