El juzgado de Primera Instancia de Mérida ha condenado a Carcesa a pagar 9,4 millones de euros de indemnización a la empresa Extremadura 2.000, propiedad del constructor Roberto Vázquez, por el lucro cesante al no cumplir un contrato. Carcesa también ha sido condenada a pagar las costas judiciales.
La sentencia, que se puede apelar en la Audiencia, acepta íntegra la demanda interpuesta por el abogado Carlos Valverde en representación de Vázquez, en la que reclamó daños y perjuicios por incumplimiento contractual, tras la firma de un convenio a tres bandas entre el ayuntamiento, Carcesa y Extremadura 2.000.
El convenio tenía como objetivo realizar una operación urbanística por la que el ayuntamiento cedía terreno municipal en el polígono El Prado para construir una nueva fábrica de Carcesa pagada por Extremadura 2.000. A su vez, el ayuntamiento recalificaba los terrenos de Carcesa, donde el empresario Roberto Vázquez construiría unas 1.000 viviendas. A última hora, Carcesa decidió prescindir de Extremadura 2.000 y firmó el contrato con otros constructores. En la actualidad, la nueva fábrica está casi acabada.
El empresario Roberto Vázquez mostró ayer su satisfacción por la sentencia e invitó a los representantes de Carcesa a que expliquen los motivos por los que no firmaron el convenio con Extremadura 2.000. "Nosotros los sabemos, y esta sentencia demuestra que la ley existe, no se puede faltar a compromisos de doce años por intereses bastardos", afirmó.
También indicó que se ha sentido estafado por Carcesa y aseguró que para él es más importante "que me hayan dado la razón que los nueve millones de euros de indemnización".
