La Ley de Modernización del Gobierno Local, denominada Ley de Grandes Ciudades, permitirá al ayuntamiento crear una empresa pública para canalizar las inversiones municipales, tal y como hace el Estado con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Así se establece en una enmienda presentada por el Grupo Popular en el Congreso al proyecto de ley del Gobierno, que modifica algunos aspectos del funcionamiento de los municipios e introduce una regulación específica para las grandes ciudades.

El PP justifica la enmienda en la necesidad de establecer un mecanismo que facilite a los municipios que quieran modernizar y racionalizar su sector público empresarial la transferencia de las participaciones accionariales en sociedades mercantiles, municipales o mixtas a una entidad pública empresarial, como hizo el Estado con la Sepi en el año 2001, informa Efe..

En cualquier caso, la decisión de agrupar las acciones municipales debe adoptarla el pleno del ayuntamiento, y todas las operaciones necesarias para ese fin, según la propuesta del PP, estarán exentas de cualquier tributo local o estatal, incluidos los tributos cedidos a las comunidades autónomas.

PROPUESTAS SOCIALISTAS

Por su parte, el PSOE pretende que el número de no electos que puedan formar parte del Gobierno municipal sea como máximo de un tercio del total de sus integrantes, y no de hasta la mitad como propone el Ejecutivo. Esta es una de las 83 enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que quiere además flexibilizar los criterios para la consideración de gran ciudad de forma que los Parlamentos autonómicos puedan incluir a otras no recogidas en la Ley.

Los socialistas proponen también que el pleno municipal tenga capacidad para crear comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés local, y que los ediles que reciban retribuciones cobren el paro cuando cesen. En total, los grupos han presentado 172 enmiendas.

Por su parte, el alcalde Pedro Acedo reiteró ayer que la ley debe aprobarse sin la necesidad de pasar por los parlamentos autonómicos.