Hay que decidir entre cero o algo, y este equipo de gobierno lo tiene claro». El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, confirmó ayer que el ayuntamiento aceptará las exenciones fiscales que el grupo dubaití Al-Khaleej Sugar exige como «condición sine qua non» para construir su nueva planta azucarera en el polígono Expacio Mérida. Se trata de una bonificación del 95% en el impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y una exención total del IBI y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en los siete primeros años de funcionamiento.

Para llevarlo a efecto, el equipo de gobierno contará con el «apoyo firme» del PP, que está a favor de tener consideraciones especiales con los inversores. «Esto no se puede ir de Mérida por una cuestión de impuestos», reiteró ayer el portavoz popular en el consistorio, Pedro Acedo. Sin embargo, para Podemos e IU las peticiones de la empresa son excesivas y abogan por abrir un periodo de negociación que permita «satisfacer los intereses de las dos partes».

El asunto se trató ayer en la junta de portavoces, a la que también asisteron dos representantes de la empresa en la región para dar detalles del proyecto, y después en una reunión con la Asociación de Empresarios de Mérida (Aeme).

«Para nosotros es una prioridad que esta industria se instale en Mérida y vamos ha hacer todo lo posible dentro del marco legal», reiteró Osuna, que recordó que este proyecto con una inversión cifrada en 400 millones crearía 200 empleos directos y unos 2.200 indirectos. El consistorio ya había propuesto una bonificación del 50% en los impuestos locales, una oferta que el grupo ha rechazado porque quiere llegar al máximo que permite la ley de haciendas locales: ese 95% que según Osuna ya le ofrecen en Reino Unido (la otra ubicación que se baraja para la azucarera) e incluso otras ciudades españolas que tras anunciarse el proyecto se habrían puesto en contacto con la compañía de Dubái.

11 MILLONES MENOS / Según el regidor, la empresa pedía también eximirse del pago de la tasa de otorgamiento de licencia urbanística, pero no es posible por ley. En su defecto se le bonificaría también al 95%, de forma que en lugar de abonar 14 millones pagaría tres por este concepto. Como contrapartida por todas estas ventajas fiscales, Al-Khaleej aseguraría el mantenimiento de cien puestos de trabajo fijos anuales. «Hay que decidir entre cero o algo, porque es que ahora no tenemos nada», recordó el alcalde ante las reticencias de IU y Podemos.

En cualquier caso, Osuna quiso dejar claro que la modificción de estos tributos «no se hará solo para esta empresa», pues la intención es aprovechar la coyuntura y establecer beneficios fiscales para todas las que quieran instalarse en Mérida en un futuro. Algo que se haría «en distintos tramos en función de la inversión y los puestos de trabajo». Así, explicó que los grupos políticos volverán a reunirse el próximo jueves para tratar todas estas cuestiones en la Comisión de Hacienda y que puedan aprobarse en un pleno extraordinario el 30 de agosto.

APOYO DEL PP / Todo apunta a que los cambios podrán salir adelante sin problemas, pues el PP ya se mostró ayer a favor de tener consideraciones especiales con los inversores. Pedro Acedo mostró su «firme apoyo» al proyecto de Al-Khaleej Sugar y reiteró que la planta «no se puede ir por una cuestión de impuestos». «Por un proyecto de este tipo cualquier ayuntamiento mata. No podemos permitirnos el lujo de que elijan otra ciudad u otro país y si hay que ayudar con impuestos y tasas, habrá que hacerlo, máxime cuando contamos ya con un polígono industrial sin uso», afirmó. El edil recordó además que no se trata de la primera vez que se hacen concesiones para que una gran empresa se instale en Mérida, algo que ya ocurrió con Ence, Carrefour y Carcesa.

IU y Podemos sin embargo, ven excesivas las condiciones de la azucarera. El representante de la formación morada, Ramón Carbonell, recordó que «estamos hablando de una multinacional con beneficios, no de una pequeña empresa», y aunque se mostró a favor darle facilidades abogó por «negociar un poquito más» porque los recursos que puede generar «son muy importantes para el ayuntamiento». De igual forma, el concejal de IU Álvaro Vázquez recordó que la planta espera facturar 450 millones de euros ya en su tercer año de funcionamiento y por ello planteó limitar las bonificaciones en el IBI y el IAE al 95% los dos primeros años y al 50% los cinco siguientes.