La delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, negó ayer que las arcas municipales presenten superávit como ha venido defendiendo el PP y cifró la deuda del Ayuntamiento de Mérida en 74 millones de euros. De esta cantidad, 56 millones corresponden a los créditos contraídos con los bancos, cuatro a las deudas pendientes con consorcios y 14 millones a la deuda a proveedores, cuyo periodo medio de pago se situó de enero a julio en los 75 días, muy por encima de los 30 que marca la ley. "Han dejado el ayuntamiento en una absoluta ruina", señaló Yáñez, que acusó al exacalde, Pedro Acedo, de pedir entre enero y mayo cuatro millones en créditos para realizar "obras electoralistas que eran innecesarias", entre ellas la pista de tiro con arco del polideportivo de La Paz. Ante esta situación, la delegada señaló que será necesario tomar "medidas excepcionales" de restricción de gasto y buscar nuevas vías para aumentar los ingresos. Estas medidas aún están en estudio, pero no se descarta subir impuestos.

"Acedo habla de un superávit de 1,4 millones de euros pero eso es una fotografía puntual del mes de diciembre de 2014", señaló Yáñez. La delegada de Hacienda cifra en 56 millones la deuda del ayuntamiento con los bancos, cantidad que incluye los dos "grandes préstamos" que el PP contrajo en 2012 (25 millones) y 2013 (nueve millones) al acogerse a los mecanismos de pago a proveedores puestos en marcha por el Ministerio de Hacienda. Se trata de 34 millones de euros que empezarán a pagarse en enero del año 2016 (tenían dos años de carencia) y que el PP no habría incluido en sus balances económicos. Además, Yáñez señaló que la deuda con consorcios (bomberos, Consorcio de la Ciudad Monumental, etc.) asciende a cuatro millones, mientras que la deuda a proveedores alcanza los 14 millones. También indicó que el remanente de tesorería --la diferencia entre gastos e ingresos-- es de menos siete millones de euros.

PERIODO DE PAGO Sobre las facturas pendientes, explicó que el periodo medio de pago se ha situado entre enero y julio en 75 días, solo aproximándose a los 30 que marca la ley en mayo. El periodo medio de pago a proveedores se situó en este mes en los 52 días, según Yáñez debido a dos ingresos extraordinarios: el abono de la sentencia que obligaba a la empresa de la ciudad deportiva a abonar la licencia de obras y el Impuesto sobre Construcciones y Obras (unos 600.000 euros) y un adelanto de 2,2 millones de euros solicitado al Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) por el cobro de tributos locales. En el mes de julio, el periodo medio de pago a proveedores llegó hasta casi los 87 días y Yañez alertó que debido al incumplimiento de los plazos durante dos meses seguidos, el Ministerio de Hacienda ya ha enviado una alerta al consistorio para recordarle que los está incumpliendo. "Esto puede traducirse en una retención de los tributos del Estado, que ellos mismos destinarían a ese pago a proveedores", indicó Yáñez.

Para resolver la situación, la delegada explicó que se están estudiando "medidas extraordinarias" de restricción de gasto y aumento de los ingresos, por lo que no se descarta una subida de impuestos --aumentar el tipo del IBI no tendría sentido porque la nueva ponencia va a rebajar los valores catastrales--. Para pagar a los proveedores, este mes se ha puesto en marcha un "plan especial de tesorería" con el que se pretenden abonar las facturas de abril. "Fijaremos las prioridades para ejecutar los pagos en función de los ingresos que se reciban", señaló.