Los afectados por la fallida Operación cigüeña emprenderán acciones judiciales para recuperar las piezas romanas que no les fueron devueltas el pasado año, cuando se dio por archivado el caso al considerar que la policía se había equivocado. Entre las obras que faltan destaca una pequeña estatua valorada, en su momento, en 6.200 euros. Además, preparan una demanda por daños y perjuicios, aunque aún no saben contra quien, "ya que la policía nos dice que actuaron a petición de la Junta", informaron los perjudicados.

Así lo han afirmado dos de las víctimas de esta rocambolesca historia, los anticuarios Manuel Ruiz, de Mérida, y el súbdito belga afincado en España, Alain Duriaux, quienes criticaron la falta de colaboración de la policía y de la Junta, "donde nadie da la cara ni sabe nada", asegura.

La Operación cigüeña fue fruto de una intervención policial desarrollada en Mérida hace 12 años definida como el mayor éxito contra el expolio y la venta de piezas arqueológicas. Sin embargo, el pasado año, un auto judicial del Juzgado de lo Penal número 2 obligaba a la Junta de Extremadura a devolver las piezas a sus propietarios, ya que "provenían del lícito comercio", y ordenaba "la entrega inmediata a sus legítimos dueños de todos los objetos intervenidos en la presente causa en posesión de la Junta". Además, el auto atribuyó lo sucedido a "una confusión" en la investigación policial.

Parte de las piezas fueron devueltas en el 2005, pero todavía faltan algunas, como objetos de oro y bronce, monedas y la estatua, según informaron Manuel Ruiz y Alain Duriaux.

En cuanto a la estatua romana, propiedad de Alain Duriaux, fue comprada en Mérida a Manuel Ruiz, en la tienda que éste tenía en la calle Graciano. La adquirió un bilbaíno, Andrés Núñez Zorroza, quien entregó una señal. La pieza viajó a Bilbao al tiempo que se puso en marcha la Operación cigüeña .

La policía pidió a Zozorra que no hiciera nada con la estatua hasta que se aclarara todo. "Y ahora se ha aclarado todo, pero nadie sabe dónde está. En la dirección que teníamos, hace años que ya no vive, y con la ley de Protección de Datos es imposible localizarlo, y la policía de Bilbao no ayuda", señala Duriaux.