La Audiencia Provincial de Cáceres ha autorizado la admisión a trámite de la querella presentada en su día por el Grupo Municipal Socialista contra la alcaldesa de Almaraz, Sabina Hernández, del PP, como autora de un presunto delito de prevaricación.
Según ha informado a Efe el Grupo Socialista, la querella fue presentada el 28 de septiembre de 2008 por una serie de "graves irregularidades" relacionadas con la construcción del Parque Solar de Almaraz, uno de los proyectos de energía renovable más ambiciosos del norte de Extremadura.
Los socialistas acusaban a la alcaldesa en su querella de alquilar a la empresa promotora del proyecto, OPDE S.L, terrenos municipales "firmando un contrato de arrendamiento sin conocimiento del Pleno de la Corporación y saltándose el cauce administrativo pertinente".
Además, Hernández permitió, según los socialistas, que la empresa construyera parte del parque solar sin licencia y sin la preceptiva calificación urbanística.
El Grupo Municipal Socialista denunció los hechos y los puso en conocimiento de los medios de comunicación, ordenando la alcaldesa derribar, con posterioridad a la denuncia del PSOE, lo hasta entonces construido ilegalmente.
La querella por el caso ha seguido un largo camino, ya que fue presentada en septiembre de 2008 y fue admitida a trámite en noviembre de ese mismo año por el Juzgado de Instrucción nº2 de Navalmoral de la Mata.
Entonces, el Ministerio Fiscal, según explican los querellantes, informó de que se observaban irregularidades en la construcción del parque solar.
La alcaldesa recurrió el auto de admisión del juzgado moralo alegando que el Grupo Municipal Socialista no había depositado la fianza que la ley exige para poder presentar una querella ejercitando la acusación popular y solicitó el archivo de la causa.
Ante dicho recurso, la Audiencia Provincial de Cáceres resolvió que si los socialistas de Almaraz subsanaban ese error, la querella habría de ser admitida a trámite y se darían por buenos todos los interrogatorios realizados hasta entonces.
El Juzgado de Instrucción fijó en mayo de 2010 una fianza de 3.000 euros que el Grupo Municipal Socialista ya ha depositado, por lo que la querella ha sido finalmente admitida a trámite por la Audiencia Provincial de Cáceres, según el PSOE, de modo que "el proceso está ahora pendiente de reanudarse y son válidas todas las actuaciones hasta ahora realizadas".
