El verano --toquemos madera-- no está siendo especialmente malo en lo que a incendios se refiere. De las 10.300 hectáreas que han ardido en Extremadura desde el 1 de junio, prácticamente el 90% han sido pastos y monte bajo. Sólo ha habido hasta ahora dos grandes incendios, en la Sierra de San Pedro y en los LLanos de Cáceres. Es buen momento, pues, para reflexionar si las herramientas con que cuenta la sociedad para combatir los fuegos son las adecuadas o no. Ayer, en estas mismas páginas, Junta, ecologistas, ingenieros y agentes forestales alzaban sus voces para indicar qué puede mejorarse. Dos factores parecen concitar mayor consenso: la necesidad de investigar el origen de los siniestros --en este punto Extremadura debe esmerarse: somos la comunidad, junto con Asturias, en la que menos incendios se aclaran-- y la de modificar la legislación para que las zonas quemadas no cambien de uso durante al menos 30 años. La adopción de una medida así junto al aumento de efectivos para averiguar por qué y quién quema el monte, y en este aspecto los agentes forestales prestarían la inestimable ayuda de su experiencia, puede ser eficaz para persuadir a los pirómanos de que, además de que su acción no les va a reportar beneficios, su delito no quedará impune.
