El obispo de Córdoba, Juan José Asenjo, ha tenido que rectificar y ha relevado al párroco condenado a 11 años por abusar sexualmente de seis niñas. Una vez más, ha debido ser la presión de los medios de comunicación la que haya hecho cambiar de opinión al prelado. Pero esta marcha atrás no puede tapar su posición inicial: manifestó su "apoyo" al sacerdote, prefirió creer en su versión, y no en la denuncia de las víctimas y en dos sentencias judiciales, y le mantuvo en el cargo contraviniendo el fallo que le obligaba a alejarse del lugar donde sucedieron los hechos.
De nuevo, los obispos dicen a los laicos que su palabra no cuenta y manifiestan un machismo cerril que considera sospechosa por sistema a la mujer víctima de abusos. Son los mismos principios que salieron a la luz en el directorio del episcopado sobre la familia y que le están costando a la jerarquía católica la desafección de los fieles. Aunque la reacción inicial del obispo expresa también un talante que debería preocupar a los ciudadanos, independientemente de sus creencias: la insistencia en considerarse al margen del Estado de derecho, una añoranza de privilegios de otros tiempos que no tiene cabida en una sociedad democrática.
