La Junta de Extremadura tiene ya preparado el decreto que desarrolla el reglamento de la Ley de Protección de Calidad del Suministro Eléctrico, cuya principal novedad radica en que las compañías deberán reducir directamente en un 20% el importe del recibo de la luz si se produce un apagón no programado superior a una hora. Con esta fórmula, la Administración autonómica se pone del lado del consumidor, al que evita entablar contenciosos con las eléctricas para resarcirse, vía factura bimensual, de los perjuicios que le haya supuesto tan prolongada avería.
Aunque el decreto aún tiene que contar con las aportaciones del Consejo de Consumidores, las cámaras de comercio y el Consejo Consultivo de Extremadura, lo cierto es que la ley se seguirá aplicando, a pesar del recurso que sobre ella pesa, ya que el Tribunal Constitucional levantó a finales de enero la suspensión cautelar. Por tanto, en la primavera del 2004 la ley finalmente regulará el sistema de pago del aval, los sistemas de control a utilizar y cómo se ejecutarán los descuentos del 20% en la factura. Esta novedad introducida en la ley eléctrica supondrá, sin duda, un salto cualitativo en la relación entre compañías y consumidores, si bien es cierto que las empresas ya vienen corrigiendo sus deficiencias durante el último año.
