WEw l Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado jueves al proyecto de ley de dependencia. En este caso, no es una exageración afirmar que estamos ante un acuerdo histórico que trasciende los límites de la estricta vida política y afecta a la configuración del Estado y a la vida cotidiana de las generaciones presentes y futuras.

A partir de ahora, España garantiza por ley que las personas que no puedan valerse por sí mismas no sufran discriminación, no solo en sus derechos, sino en su vida personal, tanto en lo referente a recursos económicos como en el resto de condiciones vitales. Los enfermos crónicos de larga duración, las personas con discapacidades físicas o psíquicas y los ancianos contarán con una serie de prestaciones del Estado que no van a depender de su aportación al sistema de la Seguridad Social, sino de la necesidad de garantizarles unas condiciones de salida tan dignas como al resto de la población. Este es el núcleo básico de la ley.

Pero la vida de las leyes en democracia depende también del juego entre partidos. Es una buena noticia que el partido que gobierna y el que lo podría hacer por la alternancia estén de acuerdo en los contenidos básicos de una ley. De este modo, se asegura que un cambio de mayoría no comportará la derogación de la ley y que, sea quien sea quien mande, las reglas básicas del juego ya han sido fijadas.

Asimismo, hay que pensar que el voto en contra de CiU, PNV y EA no pone en peligro su aplicación en los territorios donde gobiernan o podrían gobernar, sino que simplemente afecta al régimen competencial que establece la norma. Dicho esto, también hay que tener presente que el juego de mayorías y minorías afectará a la aplicación de la nueva ley de dependencia. Va a decidir su ritmo y su profundidad, que de momento aun son una incógnita, digan lo que digan ciertos discursos triunfalistas.

Esta semana, sin embargo, se ha informado de que 600.000 españoles podrán beneficiarse en los próximos tres años de la norma ahora aprobada. Es una cifra importante. La implantación de la atención será gradual, empezando por las personas más necesitadas, es decir, las más dependientes. En Extremadura serán 6.700 el primer año, las consideradas grandes dependientes porque padecen una pérdida total de autonomía mental o física y requieren la presencia continua de un cuidador. Cuando se desarrolle totalmente la ley y se acojan a ella todos los que tienen derecho se calcula que 15.000 extremeños recibirán algún tipo de ayuda para paliar los efectos de su dependencia.

La ley establece el copago, es decir, una aportación económica por el beneficiario. Es una fórmula que, aunque polémica y con independencia de los ajustes que se puedan hacer en función de la renta, garantiza el sostenimiento del sistema y, a la larga, que pueda acoger a más personas y con mayor calidad.