Pasadas ya las detenciones, el traslado a Madrid y la exhibición pública de los imputados con las esposas --que la Audiencia Nacional hace bien en investigar--, ayer llegó la hora de actuar para los partidos políticos catalanes, algunos de cuyos dirigentes o militantes están en la cárcel por la operación Pretoria.

Tal como se había anunciado desde el primer momento, una ejecutiva extraordinaria del PSC, sin ninguna palabra de más, suspendió de militancia al alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz; al teniente de alcalde responsable de urbanismo, Manuel Dobarco, y al gerente de la alcaldía, Pascual Vela. Los socialistas catalanes actuaron bien al tomar la decisión, aunque Muñoz y Dobarco facilitaron el trabajo al partido anunciando su renuncia a los cargos de alcalde y de concejal, lo que evitará situaciones como las que se producen habitualmente, en las que los implicados conservan sus actas de las que son propietarios por mandato imperativo y se refugian en el grupo mixto.

La estrategia adoptada por Muñoz y su segundo persigue también beneficios particulares --su abogado pedirá la libertad alegando que ya no pueden destruir pruebas al perder sus cargos públicos--, pero no solo es perfectamente legítima, sino que debería ser más común porque así dejan el paso libre a sus sucesores en el consistorio, miembros de una lista cerrada y bloqueada que los electores votaron en conjunto, sin posibilidad de elección.

Convergencia Democrática de Cataluña también hizo lo que debía hacer. Tras el error inicial de asegurar que no suspendería de militancia a Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, llegó la rectificación, confirmada ayer por el máximo dirigente, Artur Mas. CDC suspende "temporalmente" de militancia a ambos exdirigentes en una decisión que Mas calificó de "dolorosa, pero necesaria". El dirigente de CDC sí que se mostró caluroso con los dos destacados militantes, aunque no se privó de recordar que ocuparon cargos públicos "en el siglo pasado" y que lo que pueda imputarles el juez Garzón pertenece a sus actividades privadas.

Esta distinción no solo es un ejercicio de distanciamiento, sino que tiene otro objetivo: subrayar que la presunta corrupción del caso Pretoria afecta más al partido rival, el PSC, porque los implicados ocupaban cargos públicos. Los partidos han respondido con contundencia, pero Garzón sigue teniendo la palabra para aclarar un auto que presenta aún muchas incógnitas.