TEtl El prestigio y la credibilidad de la justicia española podrían haber sufrido un golpe de muerte con la decisión del tribunal valenciano de archivar el caso Camps , un escándalo como no se recuerda. Los argumentos sustanciales de la sentencia, pues tal cosa parece el auto, no se sostienen en pie, pero sobre todo chocan violentamente contra los más evidentes indicios de comisión de delitos. No sé cómo el presidente de ese Tribunal Superior valenciano no se inhibió ni nadie lo recusó, tratándose de un amigo íntimo del presidente Camps, el principal imputado. No sé cómo nadie ha aclarado, tampoco él, las actividades al parecer persuasorias de Federico Trillo ante los componentes del citado tribunal. No sé por qué muchos han centrado el problema en la existencia o no de unos delitos penales, cuando todos sabemos que eso era lo de menos, pues lo más importante es la indiscutible existencia de responsabilidades políticas en la conducta de los imputados, especialmente de Camps, al que Rajoy no le ha exigido dimitir. Al margen del tema jurídico y judicial está el problema político, que no necesita de más demostraciones ni de que nadie vaya a la cárcel. Por ética y por responsabilidad política, no a la cárcel quizá, pero seguro que sí a la calle.
